Cada 13 de octubre, Bolivia conmemora el Día del Abogado, una fecha que este martes vuelve a poner en relieve el papel de los profesionales del derecho en la defensa de los derechos, la administración de justicia y la aplicación de la ley. La celebración tiene su origen en la creación de la primera facultad de derecho del continente americano, establecida en Sucre en 1681, dentro de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
La fecha fue institucionalizada oficialmente por la Federación Boliviana de Colegios de Abogados, que resolvió fijarla el 13 de octubre y dejar atrás la celebración inicial del 27 de julio. Desde entonces, la jornada se convirtió en una ocasión para reconocer el trabajo de quienes ejercen la abogacía en el país y su incidencia en la vida social e institucional.
Más allá de la conmemoración, la fecha también abre espacio para reflexionar sobre el sentido de esta profesión y los retos que enfrenta en la actualidad. Freddy Padilla, abogado con amplia trayectoria y docente universitario, definió la abogacía como una forma de servicio a la sociedad. Para él, el rol del abogado consiste en acompañar a las personas que atraviesan problemas legales y ayudarlas a resolver sus conflictos. En esa línea, sostuvo que el abogado es, ante todo, un servidor social.
Padilla también explicó el origen etimológico del término abogado, al señalar que proviene del latín advocatus, derivado de la expresión ad auxilium vocatus, que significa “el llamado para auxiliar” o “llamado a socorrer”. Recordó que en la antigua Roma, cuando una persona no tenía conocimientos suficientes para enfrentar un proceso judicial, el pretor convocaba a un estudioso del derecho para asistirla en audiencia, en un contexto en el que la educación era un privilegio.
En su visión, uno de los principales desafíos actuales para el ejercicio profesional está vinculado con la tecnología. Considera que los abogados deben prepararse para comprender la inteligencia artificial y manejar herramientas tecnológicas, además de cultivar una formación constante y una actitud más investigativa frente a la ciencia jurídica.
Por su parte, Héctor Montero planteó que la abogacía va mucho más allá de la técnica procesal. A su criterio, se trata de un pilar esencial en la búsqueda de la tutela judicial efectiva y de la justicia material. Sostuvo que el profesional del derecho cumple una función multidisciplinaria y ética, al asumir de manera directa la protección de derechos fundamentales, la libertad, el patrimonio y la seguridad jurídica de sus representados.
Montero también advirtió sobre la necesidad de recuperar la institucionalidad y el prestigio deontológico de los colegios de abogados, a los que atribuye un papel regulador en la matrícula profesional. En ese marco, consideró indispensable homologar la práctica profesional con modelos de gobernanza más sólidos observados en la región.
A su turno, el abogado constitucionalista Diego Ramírez subrayó que ejercer la abogacía implica compromiso, ética y empatía. Señaló que ser abogado y formar a nuevos abogados exige trabajo constante y preparación permanente para defender los derechos de las personas.
Ramírez también se refirió a los cambios que necesita la justicia y llamó a dejar atrás el apego a formalismos vacíos para priorizar la aplicación efectiva de la Constitución, especialmente en favor de los sectores más vulnerables. Asimismo, planteó fortalecer la meritocracia, la carrera judicial y la transparencia en la designación de autoridades, al remarcar que la independencia de los poderes del Estado es la base de la democracia.
En la misma línea, propuso dotar de mayores recursos al sistema judicial e incorporar herramientas de inteligencia artificial para mejorar la transparencia y modernizar la administración de justicia.
