Unos 100 reclusos del departamento de Tarija ya accedieron a los beneficios de la Ley del Indulto, una medida orientada a reducir el hacinamiento carcelario en el país, mientras cerca de 30 internos aún continúan con sus trámites. Así lo informó el directivo de la Asamblea de Derechos Humanos, David López Cortez, quien recordó que los presos tienen plazo hasta este 22 de octubre para presentar su documentación ante la Dirección de Régimen Penitenciario.
López Cortez consideró que se trata de una cifra importante y sostuvo que la medida contribuye al descongestionamiento de los recintos penitenciarios, en un contexto en el que la población carcelaria sigue en aumento y las liberaciones son escasas. A su criterio, esa situación hace inevitable el hacinamiento.
El representante explicó que la Ley del Indulto alcanza únicamente a personas con sentencia ejecutoriada y excluye a quienes cometieron delitos graves, como asesinato, violación de menores y feminicidio. Indicó además que el beneficio está dirigido a quienes fueron sentenciados por delitos menores, entre ellos robos, hurtos, accidentes de tránsito y sustancias controladas. También precisó que pueden acogerse a esta norma quienes cumplen penas de hasta 15 años de cárcel, mientras que condenas superiores ya corresponden a delitos más graves.
Aunque reconoció que la medida permite avanzar en la reducción del hacinamiento, admitió que todavía se está lejos de una solución ideal. Señaló que el problema es complejo y que el Estado tampoco tiene capacidad para ampliar las cárceles con facilidad.
En el caso de la cárcel de Morros Blancos, en Tarija, López Cortez informó que actualmente alberga a unos 1.300 privados de libertad, aunque se trata de una cifra variable. Explicó que la semana anterior había 89 mujeres recluidas y ahora son 84, debido a que algunas salieron, aunque advirtió que seguramente ingresarán otras. En el caso de los varones, dijo que ocurre algo similar.
El directivo también cuestionó las condiciones de vida dentro de los recintos penitenciarios, a las que calificó de infrahumanas. En ese marco, señaló que la infraestructura carcelaria, los servicios básicos y la alimentación son muy precarios. Afirmó incluso que la cárcel “es una favela” y lamentó la situación con la que viven los internos.
Finalmente, sostuvo que para conocer realmente un país hay que conocer sus cárceles, porque allí se refleja cómo funciona el Estado. En su criterio, Morros Blancos es un espejo de la sociedad y del propio Estado, donde, dijo, también se percibe la ausencia institucional.
