La anulación de la condena de diez años impuesta a la expresidenta Jeanine Añez en el denominado caso Golpe II, que ha derivado en su liberación, ha sido recibida con diversas reacciones en el ámbito político y judicial del país.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, manifestó su satisfacción por la resolución judicial, interpretándola como un paso fundamental hacia el restablecimiento pleno de la democracia y el fin de un período que describió como de control estatal excesivo. En su perspectiva, esta decisión debería sentar un precedente para la liberación de todas las personas privadas de libertad por sus convicciones políticas. Argumentó que en un sistema democrático, la diversidad de pensamiento político debe ser respetada y que la autoridad final reside en la voluntad popular.
Por su parte, Edgar Guzmán, presidente del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), consideró la liberación de la exmandataria como un momento clave para la revitalización del país. Subrayó la importancia de fortalecer las instituciones y asegurar la independencia del sistema judicial, desvinculándolo de cualquier influencia política. Guzmán afirmó que la liberación de la expresidenta es una medida justa, dado que la consideraba una prisionera política, y enfatizó la necesidad de una reparación por los perjuicios sufridos, incluyendo la separación de su familia y el impacto en su trayectoria profesional, atribuyendo las acusaciones a una falta de fundamento. Además, sostuvo que lo ocurrido no constituyó un golpe de Estado, sino una sucesión conforme a la Constitución.
Desde la esfera judicial, Rosmery Ruiz, decana del Tribunal Supremo de Justicia, comunicó que este evento refuerza la premisa de que la administración de justicia debe operar con independencia, transparencia y un profundo respeto por los derechos individuales. La decana expresó su orgullo por contribuir a un sistema judicial que actúa con responsabilidad y equilibrio, buscando siempre el bienestar de la nación
