La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz tiene previsto tratar este miércoles el proyecto de ley antibloqueos, una propuesta que apunta a establecer mecanismos para frenar el cierre de carreteras y resguardar derechos considerados fundamentales, como la libre circulación, el trabajo y la seguridad alimentaria.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, confirmó que la sesión ordinaria fue convocada para las 14:00, instancia en la que los asambleístas analizarán la norma. La autoridad remarcó que el debate no se limita a impedir bloqueos en el departamento, sino que está vinculado con el respeto a derechos básicos de la población.
“Más allá de evitar que existan bloqueos en el departamento de Santa Cruz, estamos hablando del respeto de derechos fundamentales de cada uno de los ciudadanos”, expresó Álvarez, quien además insistió en la importancia de garantizar seguridad jurídica y alimentaria.
La legisladora recordó que las anteriores protestas por bloqueo dejaron un fuerte impacto económico en la región. Según afirmó, durante aproximadamente 52 o 53 días de bloqueo se afectó a buena parte de la cadena productiva, incluyendo incluso animales vivos que permanecían en camiones listos para ser transportados.
El tratamiento de esta iniciativa ocurre al mismo tiempo que se registran nuevas medidas de presión por parte de productores que rechazan el Decreto Supremo 5676 y exigen su abrogación. En Villa Paraíso, un grupo de movilizados instaló un punto de bloqueo por 24 horas, lo que afectó la ruta hacia San Julián y el Beni.
Jorge Guzmán, uno de los productores que participa de la protesta, explicó que el sector objeta el límite de 120 litros de diésel y el precio de Bs 18 para volúmenes mayores. Señaló que la medida complica el desarrollo de la campaña agrícola en curso.
“Estamos en plena campaña, estamos cosechando nuestro girasol y nuestro sorgo y estamos preocupados porque no podemos terminar nuestra campaña”, manifestó.
Guzmán añadió que, dependiendo de la cantidad de hectáreas trabajadas, un productor puede necesitar entre 1.500 y 3.000 litros de combustible. También advirtió que, si no obtienen una respuesta del Gobierno, podrían asumir nuevas medidas de presión.
Frente a ese escenario, Álvarez sostuvo que la ley que se debate busca contar con herramientas concretas para su aplicación y evitar que quede solo como una declaración sin efectos reales.
“No queremos que sea una ley meramente declarativa, como hay muchas, evidentemente, ya que finalmente no tienen un poder coercitivo”, afirmó.
La presidenta de la Asamblea explicó que, dentro de las competencias departamentales, se prevé recurrir a mecanismos como el control de personerías jurídicas y licencias de circulación para asociaciones o grupos de transporte. Además, indicó que se plantea implementar un sistema de alerta temprana y coordinar acciones con el Ministerio Público y la Fuerza Pública para prevenir bloqueos.
“Creo que la vamos a aprobar, y evidentemente es la base jurídica sólida para las acciones que puede tener cada uno de los ciudadanos”, aseguró Álvarez.
La propuesta, según la autoridad, también busca convertirse en un referente para una eventual normativa nacional contra los bloqueos.
