La votación nominal se convirtió en una repetición casi mecánica de una misma respuesta: “Sí por la resolución”. La frase se escuchó hasta 113 veces durante la sesión, en la que varios legisladores evitaron extenderse en explicaciones y se limitaron a respaldar la propuesta presentada por la mesa directiva. La consulta planteada al plenario estaba referida a la suspensión inmediata del fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
Antes de llegar a ese momento, diputados y senadores sostuvieron una jornada legislativa extensa. La sesión comenzó a las 10:30 con la presencia de tres ministros de Estado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expuso detalles del operativo ejecutado la noche del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, cuando fueron detenidos el fiscal general y otras autoridades, entre ellas el fiscal departamental de Santa Cruz y un fiscal superior. Junto a él participaron Ernesto Justiniano, titular de Defensa, y Fernando Aramayo, de la cartera de Presidencia.
En esa primera parte del debate, los asambleístas acordaron impulsar un proyecto de ley corta para modificar el artículo 25 de la Ley 260, norma que regula la elección y las funciones del fiscal general del Estado. Para ese tratamiento, ambas cámaras trabajaron por separado, conforme a los procedimientos establecidos.
Mariaca, actual fiscal general, fue aprehendido la noche del 30 de septiembre en el aeropuerto Viru Viru. Desde entonces permanece bajo custodia policial a la espera de la audiencia cautelar prevista para las 5:00 del sábado 3 de octubre. La imputación en su contra incluye los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Después de las 14:30, la atención se trasladó a la comisión del Senado encargada de unificar dos proyectos de ley vinculados con el mismo artículo 25 de la Ley 260. Una vez alcanzado el acuerdo en esa instancia, el texto fue leído y debatido con rapidez en la plenaria de la Cámara Alta.
Luego, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde la discusión fue más extensa e intensa, debido a que cada bancada podía contar con hasta tres disertantes. Finalmente, también en ese hemiciclo la propuesta obtuvo el respaldo de más de dos tercios.
La modificación aprobada abre la posibilidad de suspender de manera definitiva al fiscal general del Estado y establece que esa medida tendrá efecto inmediato. Para aplicarla, se requerirá el voto de dos tercios de los asambleístas presentes. Entre las causales previstas figura la existencia de una imputación por delito grave.
La norma también dispone que la elección del reemplazo del fiscal suspendido deberá contar con dos tercios de los votos de los asambleístas presentes. Mientras tanto, el interinato se mantendrá hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional complete el procedimiento previsto para designar a un nuevo fiscal general del Estado.
Con el visto bueno de ambas cámaras, los presidentes del Senado, Diego Ávila, y de Diputados, Roberto Carlos, acompañaron al presidente Rodrigo Paz en la promulgación de la ley. Acto seguido, regresaron a la Asamblea para aplicar la norma en el tratamiento de la suspensión definitiva de Mariaca.
