La Fiscalía ha incorporado al ex fiscal general Róger Mariaca dentro de la estructura que, presuntamente, brindó protección a Sebastián Marset durante su permanencia en Bolivia. Según la imputación formal presentada contra Mariaca en el proceso por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, el entonces fiscal departamental de Santa Cruz habría facilitado condiciones que permitieron al narcotraficante evadir su captura en 2023. El documento fue al que accedió EL DEBER.
De acuerdo con la teoría expuesta por el Ministerio Público, Mariaca habría desempeñado un rol de “protección y ayuda” a la red de Marset durante el periodo en que ejerció como fiscal departamental de Santa Cruz, entre 2020 y 2024, y luego desde la Fiscalía General del Estado. La acusación vincula esa supuesta cobertura con el operativo del 29 de julio de 2023, cuando Marset logró escapar de una acción policial desplegada para detenerlo.
La Fiscalía sostiene que el narcotraficante habría recibido información anticipada sobre operativos y que esa presunta filtración le permitió eludir los intentos de captura. Como respaldo, el documento menciona entrevistas, declaraciones, diagramas de vínculos, información atribuida a la UIF y videos. Entre ellos figura una entrevista en la que el propio Marset afirma que Mariaca es su “amigo”.
También se alude a un video grabado el 3 de marzo en el aeropuerto Viru Viru, en el que Marset vincula directamente al ex fiscal general con los avisos sobre operativos policiales. En esa grabación, el uruguayo afirmó que Mariaca “le avisaba si había o no había”, en referencia a alertas sobre acciones de la Policía destinadas a capturarlo a él y a sus cómplices.
El episodio de la fuga de Marset vuelve a colocar a Mariaca bajo la lupa. El 29 de julio de 2023, el uruguayo escapó de una mansión en la zona norte de Santa Cruz cuando la Policía había montado un operativo para detenerlo. Huyó junto con miembros de su familia y permaneció prófugo durante casi tres años, hasta su captura en Santa Cruz en marzo de 2026.
Tras aquella fuga surgieron versiones sobre una posible filtración de información. En septiembre de 2023, el propio Mariaca, entonces fiscal departamental, informó que la Fiscalía realizaría pericias a un audio difundido en redes sociales en el que supuestamente un jefe policial advertía a Marset sobre el operativo.
La imputación ahora presentada retoma ese antecedente como parte del contexto para sostener que el narcotraficante habría contado con protección dentro de instituciones estatales. En la individualización de la conducta de cada investigado, el Ministerio Público atribuye a Mariaca un papel concreto: “Cumplió rol de protección y ayuda como fiscal departamental de Santa Cruz (2020-2024) y como fiscal general del Estado (2024-2026), encubriendo y brindando facilidades a la estructura de Sebastián Marset”, señala el documento.
La acusación también apunta que, durante ese tiempo, Marset habría pagado una “mensualidad” a Mariaca como parte de un supuesto esquema de protección. Sin embargo, el documento no establece que Mariaca haya ejecutado personalmente la fuga del narcotraficante ni contiene en esas páginas una sentencia que determine su responsabilidad. La tesis fiscal se centra en que las presuntas facilidades y la información anticipada proporcionadas por funcionarios habrían contribuido a que Marset evitara los operativos.
La imputación además incorpora al fiscal superior Martín Irusta Flores, a quien atribuye un presunto papel operativo dentro de la estructura investigada. Según el documento, Mariaca lo designó como fiscal superior en febrero de 2026 y la Fiscalía cuestiona esa decisión porque considera que no habría cumplido los requisitos de convocatoria e idoneidad.
El Ministerio Público sostiene, además, que Irusta fue encontrado el 30 de septiembre en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, cuando presuntamente intentaba extraer documentación y expedientes confidenciales relacionados con la investigación. Los investigadores señalan que tenía un cable tipo C y atribuyen ese hecho a un supuesto intento de eliminar o sacar información, extremo que deberá ser corroborado mediante las diligencias correspondientes.
Mariaca, Irusta, Alberto Zeballos y el mayor de Policía Rubén Aparicio fueron imputados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Para los cuatro, la
