El asambleísta departamental Rodrigo Baldivieso volvió a poner bajo la lupa el manejo de los recursos destinados a las personas con discapacidad en la Gobernación, al advertir que el Plan Operativo Anual (POA) 2027 fue remitido a la Asamblea Legislativa Departamental sin una socialización previa con las organizaciones y federaciones del sector. A su criterio, esa omisión reproduce una dinámica de falta de transparencia que, según dijo, ya fue observada en gestiones anteriores.
Baldivieso señaló que la preocupación de los dirigentes se centra en el paquete alimentario para personas con discapacidad, beneficio que se entrega de manera periódica a las personas registradas en el departamento y que en años pasados habría sufrido recortes. Aunque el techo presupuestario de la Gobernación aumentó en 144 millones de bolivianos frente al ejercicio anterior, el asambleísta advirtió que existe temor de que ese incremento no se traduzca en una mejora para este programa específico.
El legislador cuestionó que el documento presupuestario haya sido elaborado sin la participación de los representantes del sector, algo que, remarcó, contradice los mecanismos de planificación participativa que deberían aplicarse en la construcción del POA. Según su explicación, la ausencia de ese proceso impide conocer con anticipación si el monto asignado al paquete alimentario se mantendrá, crecerá o volverá a disminuir en 2027.
A esa observación sumó otra relacionada con los remanentes de paquetes alimentarios de gestiones pasadas. De acuerdo con la información que maneja, durante el año anterior habrían quedado sin entregar alrededor de 1.120 kits, equivalentes a más de 200 mil bolivianos, sin que hasta ahora exista un respaldo documentado que aclare el destino de esos recursos o de los productos no distribuidos.
Ante esa situación, Baldivieso anunció que pedirá un informe detallado a las instancias correspondientes de la Gobernación para establecer por qué una cantidad considerable de paquetes no llegó a sus beneficiarios y qué procedimiento se siguió con los saldos no ejecutados. También buscará conocer si hubo observaciones de control interno o de la Contraloría y si se prevé algún mecanismo de reposición o compensación para quienes quedaron sin recibir el beneficio.
La denuncia se da en un escenario de creciente tensión entre las organizaciones de personas con discapacidad y las autoridades subnacionales, en medio de reclamos por la actualización de montos, la ampliación de la cobertura y la puntualidad en las entregas. En ese contexto, Baldivieso insistió en que el aumento general del presupuesto departamental no justifica una reducción de recursos para un programa dirigido a un sector históricamente vulnerable y adelantó que seguirá impulsando la fiscalización del tema en la Asamblea.
