La dirigencia campesina de Tarija ratificó su estado de emergencia y advirtió con la posibilidad de impulsar movilizaciones, bloqueos y medidas de presión en estaciones de servicio ante la falta de combustible, el aumento de los costos de producción y la ausencia de respuestas a las demandas del área rural.
Herbert Quispe, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos, señaló que el Comité Ejecutivo Departamental mantiene firme la determinación de asumir acciones frente a una situación que, según la organización, viene deteriorando las condiciones de producción agropecuaria y golpeando la economía de las familias campesinas.
La principal preocupación del sector está centrada en el abastecimiento de gasolina y diésel. La dificultad, de acuerdo con la dirigencia, no solo afecta el traslado de los productos hacia los mercados, sino también tareas esenciales dentro de las comunidades, como el funcionamiento de maquinaria y de sistemas de bombeo utilizados para el riego.
La advertencia surge en medio de reclamos expresados por dirigentes de distintas centrales campesinas. En El Puente, productores denunciaron que la falta de gasolina complica el bombeo de agua en zonas como Iscayachi y plantearon la necesidad de recuperar mecanismos que permitan adquirir combustible en bidones para fines productivos. En ese marco, también se abrió la posibilidad de asumir medidas contra los surtidores que no garanticen la provisión requerida.
Quispe sostuvo que el problema no se limita a la escasez de carburantes, sino que está ligado al incremento general de los costos que enfrentan las familias dedicadas a la producción de alimentos. Desde la óptica del sector, las políticas públicas no estarían respondiendo a las necesidades de quienes trabajan la tierra y sostienen el abastecimiento de los mercados.
La dirigencia también cuestionó declaraciones de autoridades que, a su criterio, minimizan el impacto de la crisis económica y del encarecimiento de los alimentos. Para los campesinos, el alza de los insumos, las dificultades para conseguir combustible y los mayores costos de transporte configuran un escenario que puede repercutir directamente en la producción y en la oferta alimentaria.
Las alertas sobre una posible reducción de la producción ya habían sido planteadas en septiembre, cuando representantes campesinos advirtieron que la superficie cultivada habría disminuido de manera considerable debido a la falta de diésel y al encarecimiento de los insumos, con el riesgo de una menor disponibilidad de alimentos en los próximos meses.
En el plano político y administrativo, la organización además plantea una reducción de las remuneraciones de cargos jerárquicos del aparato estatal, tomando como referencia un límite de 10.000 bolivianos. A ello suma la eliminación de las rentas vitalicias que perciben determinados exmandatarios, como parte de una propuesta orientada a reducir gastos y privilegios en un contexto de dificultades económicas.
Respecto a las medidas de presión, la dirigencia informó que existen conversaciones entre organizaciones campesinas de Uriondo, Uchará, San Lorenzo, El Puente, Pacaya y Cercado para definir acciones conjuntas. La eventualidad de bloqueos dependerá de las determinaciones que adopten las bases y de la respuesta que reciban sus demandas.
El sector ya había convocado antes a reuniones ampliadas para evaluar la situación generada por el incremento del costo del combustible y definir una estrategia departamental. También había advertido sobre los efectos que las dificultades para acceder al diésel pueden tener en la siembra, el traslado de las cosechas y el abastecimiento de los centros urbanos.
Quispe afirmó que, al haber concluido el periodo de restricciones extraordinarias que limitaba determinadas acciones colectivas, las organizaciones consideran que ahora tienen mayor margen para movilizarse. En ese sentido, sostuvo que la presión de las necesidades económicas y alimentarias podría llevar a las comunidades a desconocer disposiciones que, a su juicio, intenten frenar sus protestas.
La advertencia vuelve a colocar al abastecimiento de combustibles como uno de los principales puntos de tensión en Tarija. Mientras los productores exigen condiciones para sostener la actividad agrícola, el sector de los surtidores atribuyó recientemente parte de las dificultades de provisión a problemas generados por el transporte de cisternas, que afectaron la distribución nacional.
La dirigencia campesina espera que las autoridades nacionales y departamentales atiendan sus planteamientos antes de que las medidas de presión se concreten. Entretanto, las centrales mantienen la coordinación con sus bases y evalúan la fecha, el alcance y la modalidad de eventuales movilizaciones.
