El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, consideró que los recientes cambios en el Ministerio Público pueden marcar el inicio de una transformación en la Fiscalía y en el sistema judicial, luego de la suspensión definitiva de Róger Mariaca y la designación de un nuevo fiscal general del Estado.
Cochamanidis expresó su expectativa de que esta etapa abra paso a una gestión más transparente y a una administración de justicia sin privilegios. Sostuvo que uno de los principales reclamos de la ciudadanía ha sido precisamente que la Justicia y el Ministerio Público actúen conforme a la ley y que el acceso a la justicia sea igual para todos, sin diferencias para quienes cuentan con recursos.
La madrugada de este sábado, pasadas las 06:00, y después de una sesión que se extendió por casi 20 horas, senadores y diputados reunidos en la Asamblea Legislativa eligieron por más de dos tercios al abogado José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.
La designación se produjo cuatro horas después de que la Asamblea aprobara la resolución de suspensión definitiva de Róger Mariaca, quien estaba detenido y acusado de liderar una supuesta “organización criminal” dentro del Ministerio Público. En su contra pesan acusaciones por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
La investigación contra Mariaca involucra también al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al exfiscal superior Martín Irusta; y al mayor de Policía Rubén Aparicio.
Desde el Comité pro Santa Cruz siguen de cerca el desarrollo de estos hechos y la llegada de Urioste al frente interino del Ministerio Público. Cochamanidis manifestó su confianza en que la nueva autoridad pueda encaminar una gestión distinta y poner fin a una etapa que, según dijo, ha marcado los últimos 20 años.
Al mismo tiempo, remarcó que el fiscal interino debe ejercer el cargo con apego a la norma y dentro de su carácter temporal, hasta que la Asamblea Legislativa designe a la nueva máxima autoridad del Ministerio Público. En ese sentido, insistió en que la función del fiscal debe estar sometida únicamente a la Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes, sin subordinación a ningún gobierno ni partido político.
