El juez Juan Carlos Montalbán Zapata rechazó que Roger Mariaca sea sometido a un juicio de responsabilidades y determinó que el proceso en su contra seguirá por la vía ordinaria. La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares instalada de manera virtual este sábado 3 de octubre, en La Paz.
La defensa del exfiscal general había cuestionado la competencia de la justicia ordinaria y sostuvo que, por haber ejercido el cargo de Fiscal General, correspondía aplicar el régimen de juzgamiento de altas autoridades previsto en la Ley 044. Sin embargo, el juez consideró que los delitos atribuidos a Mariaca son de naturaleza común y que no existe una relación acreditada con el ejercicio de sus funciones públicas.
Durante la audiencia, Montalbán explicó que los hechos investigados no se enmarcan en los supuestos contemplados por el artículo 12 de la Ley N° 044, norma que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado cuando se trata de delitos cometidos en el ejercicio del cargo. En ese marco, sostuvo que los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas no corresponden a un juicio de responsabilidades si no se demuestra que fueron cometidos en el ejercicio de funciones públicas.
Con ese criterio, el juez declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de materia planteada por la defensa y ratificó que la investigación debe tramitarse en la justicia ordinaria. No obstante, también se declaró incompetente en razón de territorio, al considerar que los hechos investigados habrían ocurrido en Santa Cruz, por lo que dispuso remitir los antecedentes al juez que corresponda en ese departamento.
Pese a esa determinación, la audiencia continuó en La Paz para definir las medidas cautelares, ya que la norma permite que el juez de esa jurisdicción avance con esa etapa del proceso. La defensa de Mariaca cuestionó la resolución y anticipó que apelará el rechazo al juicio de responsabilidades.
Mariaca enfrenta esta investigación junto con otros tres acusados: el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y el mayor de Policía Rubén Aparicio. El Ministerio Público los imputó por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, y solicitó seis meses de detención preventiva.
Para Mariaca, Zeballos e Irusta se pidió su reclusión en el penal de San Pedro, mientras que para Aparicio se planteó su traslado a Patacamaya. Según la hipótesis de la Fiscalía, los investigados habrían formado parte de una estructura que brindaba presunta protección institucional a organizaciones vinculadas al narcotráfico. Esa versión deberá ser demostrada en la investigación y no implica una declaración de responsabilidad penal.
