La Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia ratificó que mantendrá sus medidas de presión y advirtió que podría endurecerlas si el Gobierno insiste en descentralizar la administración de los recursos de los institutos. En ese marco, el sector confirmó la convocatoria a un paro nacional de 48 horas para el 9 y 10 de noviembre, además de una agenda de protestas que comenzará este martes.
Miriam Ayala, ejecutiva nacional de la organización, explicó a EL DEBER que el viernes 30 de octubre sostuvieron una reunión con el ministro de Educación y el viceministro de Autonomías, aunque el encuentro no permitió alcanzar avances en las demandas del magisterio urbano. Según señaló, la principal exigencia es que se deje sin efecto la decisión de descentralizar la administración de los recursos de los institutos.
Ayala sostuvo que, si el Gobierno retrocede en ese planteamiento, la confederación suspendería su cronograma de movilizaciones. Sin embargo, advirtió que, si las autoridades mantienen lo que calificó como una política educativa impuesta, el sector continuará con las protestas y podría radicalizarlas.
Las acciones anunciadas por el magisterio urbano incluyen la instalación de piquetes de huelga de hambre indefinida este martes 3, vigilias permanentes el miércoles 4 y jueves 5, marchas simultáneas en las 31 federaciones del país el viernes 6, y finalmente el paro nacional de 48 horas del lunes 9 y martes 10, acompañado de movilizaciones y medidas de presión en las gobernaciones.
Ayala indicó que desde este martes los institutos del país presentarán sus necesidades y demandas ante el incumplimiento de las gobernaciones, con el objetivo de evidenciar que incluso las responsabilidades que actualmente tienen no han sido atendidas. En esa línea, Lorenzo Chávez, dirigente de los maestros urbanos de Santa Cruz, detalló el cronograma de protestas que se desarrollará durante la semana.
El rechazo del sector a la descentralización se basa, según Ayala, en que las gobernaciones no han cumplido con las competencias que ya tienen en materia educativa. Como ejemplo, mencionó que existen institutos que enfrentan dificultades incluso para cubrir servicios básicos como agua y electricidad. Aseguró que hay centros abandonados a su suerte y cuestionó que se pretenda asignar nuevas responsabilidades a las gobernaciones cuando, a su juicio, ni siquiera han resuelto las actuales.
La dirigente recordó además que en mayo firmaron un acta de compromiso con el Ministerio de Educación, en la que las autoridades se comprometieron a no avanzar con la descentralización. No obstante, denunció que ese acuerdo no fue respetado.
Ante ese escenario, convocó a los padres de familia a sumarse a las movilizaciones en defensa de la educación fiscal, pública y gratuita. También advirtió que la descentralización podría extenderse posteriormente a los subsistemas de educación regular, alternativa y especial. Aunque desde el Gobierno se ha señalado que la medida no implica privatizar la educación, Ayala cuestionó esa posición y afirmó que podría trasladar responsabilidades económicas a las familias en un contexto de dificultades económicas.
Otro de los puntos de conflicto es el presupuesto destinado a educación. Ayala afirmó que los recursos habrían bajado del 10% al 7% del Presupuesto General del Estado para la gestión 2026. A su criterio, si realmente existiera una apuesta por mejorar la educación, el porcentaje debería incrementarse y no reducirse.
La ejecutiva también reclamó el pago de más de 700.000 horas de trabajo gratuito que, según dijo, los maestros vienen realizando sin reconocimiento del Gobierno. En ese sentido, advirtió que si el Ministerio de Educación dispone descuentos salariales por el paro de 24 horas que ya realizaron, la confederación instruirá a los docentes dejar de cubrir esas horas adicionales.
Ayala responsabilizó al Gobierno y a las autoridades educativas por el conflicto, al considerar que las movilizaciones responden al incumplimiento de compromisos asumidos con el sector. Por ahora, el magisterio urbano mantiene su demanda de frenar la descentralización y espera una respuesta oficial, mientras ratifica el paro nacional de 48 horas previsto para el 9 y 10 de noviembre.
