El debate por el nuevo estudio tarifario de energía eléctrica en Tarija sumó un nuevo capítulo con el planteamiento formal del presidente del Distrito 9, Cristian Ventura, quien pidió la anulación del trabajo que viene elaborando Servicios Eléctricos de Tarija (Setar). Su observación apunta a que el proceso, según afirmó, avanzó sin cumplir los parámetros técnicos, económicos y sociales que exige la normativa, además de haberse desarrollado sin espacios de control social durante su elaboración.
Ventura sostuvo que la falta de participación vecinal invalida lo actuado hasta ahora y planteó que el procedimiento debe comenzar desde cero. A su criterio, la discusión sobre las tarifas no puede quedar reducida únicamente a un análisis técnico ni limitarse a los costos operativos de la distribuidora, sino que también debe considerar la situación socioeconómica que atraviesan las familias tarijeñas, afectadas por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la canasta básica.
La demanda del Distrito 9 se inserta en un escenario de creciente malestar en distintos sectores de la capital tarijeña. En las últimas semanas, varias organizaciones vecinales ya habían cuestionado la falta de información pública sobre el nuevo estudio, que debe definir la estructura de costos del servicio eléctrico para el periodo 2026-2030, de acuerdo con la Ley de Electricidad y la reglamentación de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Esa normativa establece que la actualización tarifaria corresponde cada cuatro años, aunque en esta ocasión el proceso habría avanzado sin una socialización previa.
Las dirigencias barriales incluso fijaron plazos a las autoridades departamentales para que se transparenten los criterios técnicos utilizados en el cálculo. También advirtieron con convocar a asambleas y asumir medidas de presión si no reciben respuestas. El reclamo se da en un contexto de tensión por el costo del servicio eléctrico en la región, donde representantes de varios barrios ya habían anticipado posibles protestas, entre ellas la eventual toma de instalaciones de la empresa distribuidora, ante lo que consideran tarifas elevadas en comparación con otras zonas del país.
A esto se suma que el actual periodo tarifario, vigente desde octubre de 2022, no registró incrementos, según informó en su momento la gerencia de Setar. La empresa atribuyó esa decisión a un esfuerzo por sostener los precios pese al incremento de los costos de operación. Sin embargo, ese congelamiento vence en octubre de este año, lo que reaviva la discusión sobre el nuevo esquema tarifario y alimenta la preocupación de los sectores vecinales, que temen un ajuste significativo si el estudio se aprueba sin su participación.
Desde el sector que representa Ventura se insiste en que cualquier modificación debe pasar primero por una etapa de socialización efectiva, con difusión pública de los parámetros considerados y apertura de canales para que los vecinos presenten observaciones antes de que el documento reciba el visto bueno de las instancias reguladoras. En esa línea, se plantea que la empresa y las autoridades departamentales convoquen a un nuevo proceso participativo con juntas vecinales, organizaciones sociales y representantes de distintos distritos de la ciudad.
La controversia también se desarrolla en un contexto nacional de mayor sensibilidad respecto a las tarifas de servicios básicos, luego de la aprobación de un decreto que introdujo cambios en la política de precios de la energía eléctrica y que, según distintos sectores, podría combinarse con los resultados del estudio tarifario local para derivar en incrementos mayores a los previstos inicialmente. Hasta el momento, ni Setar ni las autoridades departamentales se pronunciaron públicamente sobre el pedido de anulación presentado desde el Distrito 9.
En paralelo, la gerencia de Setar salió al frente de las versiones sobre un eventual incremento y aseguró que la categoría domiciliaria no sufrirá cambios. El gerente general, Miguel Arciénega, señaló que el nuevo estudio tarifario estará concluido recién en octubre, cuando vence el periodo vigente desde 2022, y remarcó que no existe por ahora ninguna decisión institucional orientada a subir las tarifas para los usuarios residenciales.
Arciénega explicó que cualquier modificación en la estructura tarifaria no depende de una decisión unilateral de la empresa, sino de un procedimiento técnico y normativo regulado, que incluye la elaboración de un estudio especializado y su posterior revisión y aprobación por parte de la Autoridad de Electricidad, organismo nacional encargado de fijar las tarifas según las distintas categorías de consumo.
La empresa recordó además que los estudios tarifarios en Bolivia tienen una vigencia de cuatro años. El actual comenzó a aplicarse en octubre de 2022 y concluye en
