La Federación del Transporte Libre ingresó al debate nacional sobre la subvención a los combustibles con una propuesta que se aparta de la postura de otros sectores del transporte y que coincide, en parte, con la alternativa que evalúa el propio Gobierno. Su ejecutivo, Luis Caso, planteó liberar la importación de carburantes para el sector privado y mantener el subsidio estatal únicamente para el servicio de pasajeros, en medio de la disputa por el retiro parcial del beneficio al diésel.
Caso sostuvo que el diésel importado directamente por privados no superaría los 18 bolivianos por litro, cifra que en las últimas semanas se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre autoridades, transportistas y productores agropecuarios. Su posición contrasta con la de otras organizaciones del transporte pesado, que advirtieron que una liberalización de las importaciones podría llevar el precio del diésel a un rango de entre 16 y 18 bolivianos, mientras la gasolina podría acercarse a los 16 bolivianos, al trasladarse al mercado interno los costos internacionales y logísticos.
El dirigente de Transporte Libre confía, sin embargo, en que la competencia entre importadores privados y una eventual participación estatal moderarían el precio final del combustible, evitando que se consoliden esos niveles. Su planteamiento aparece en un momento en que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos abrió un proceso para recibir ofertas de empresas privadas interesadas en abastecer el mercado boliviano de carburantes, aunque esa convocatoria continúa en etapa de selección.
La idea de liberar la importación también fue insinuada semanas atrás por el presidente Rodrigo Paz, quien señaló que esa medida permitiría que cada sector productivo acceda al carburante sin depender de la intermediación estatal. Ahora, esa línea encuentra respaldo en la propuesta de Caso, quien además pidió que cualquier subsidio que se mantenga se concentre únicamente en el transporte público de pasajeros, excluyendo a otros rubros que hoy también acceden a precios diferenciados.
El debate se desarrolla tras los cambios introducidos por el Gobierno al esquema de precios. El decreto del 17 de agosto fijó un costo referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para industrias, empresas y grandes consumidores, mientras mantuvo el precio de 9,80 bolivianos para el transporte público y para quienes consumen menos de 5.000 litros mensuales. Posteriormente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos redujo ese valor referencial de 18 a 16,50 bolivianos, en respuesta a la presión ejercida por distintos sectores productivos.
Desde el Ejecutivo se atribuyó el retiro parcial del subsidio a un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional dentro de un programa de financiamiento para el país, explicación que no logró desactivar el malestar. En las últimas semanas se registraron bloqueos de carreteras impulsados por productores agropecuarios en el oriente boliviano, además de estados de emergencia declarados por confederaciones de choferes que exigen la abrogación total de la norma.
Uno de los conflictos más visibles se resolvió esta semana en Yapacaní, donde los productores levantaron un bloqueo luego de acordar con el Gobierno un abastecimiento semanal de 450.000 litros de diésel y la posibilidad de que los pequeños productores continúen comprando hasta 2.500 litros mensuales al precio subvencionado.
En ese contexto de negociaciones sectoriales y ajustes sucesivos al precio referencial, la propuesta de Luis Caso busca simplificar el esquema vigente: abrir el mercado para que el sector privado importe combustible sin las restricciones actuales y reservar los recursos públicos para sostener las tarifas del transporte de pasajeros. La iniciativa se suma a otras voces empresariales y políticas que, en el marco del conflicto, han insistido en la apertura de la importación como salida a la escasez de carburantes que afectó al país durante buena parte del año.
