La Fiscalía General del Estado apartó a 60 funcionarios que prestaron servicios durante la gestión de Róger Mariaca, ex fiscal general que actualmente se encuentra detenido en la cárcel potosina de Cantumarca por una presunta protección al narco uruguayo Sebastián Marset. La desvinculación forma parte de una decisión adoptada a nivel nacional y cuyos memorandos de agradecimiento llevan fecha del 20 de octubre.
Entre los funcionarios separados de sus cargos figuran Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental del Beni, y Julio César Porras Velarde, quien ocupaba el puesto de fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz. Ambos aparecen en la nómina difundida por Estados Unidos.
El fiscal general José Armando Urioste informó que el Ministerio Público está reuniendo antecedentes para definir si corresponde o no iniciar investigaciones penales contra ambos exfiscales. Sin embargo, remarcó que el hecho de integrar esa lista no implica de manera automática responsabilidad criminal. “Quedan fuera ambos funcionarios públicos”, afirmó, al explicar que las resoluciones de desvinculación estaban llegando en físico y que todavía no se había realizado la notificación formal a los dos mencionados.
Urioste insistió en que la Fiscalía recopila elementos investigativos para determinar si existe base suficiente para abrir procesos. En ese sentido, aclaró que aparecer en la lista estadounidense no obliga por sí solo a investigar, juzgar o sentenciar a una persona. “Si aparece algún elemento que amerite una investigación penal, sí; si no, de ninguna manera”, sostuvo, al pedir que no se estigmatice a todas las personas incluidas en ese registro.
En Santa Cruz, el fiscal departamental Jimmy López confirmó que los memorandos de agradecimiento fueron emitidos el 20 de octubre y negó que la medida haya sido adoptada recién después de conocerse la lista estadounidense. Según explicó, la decisión responde a antecedentes y denuncias que ya pesaban sobre funcionarios del Ministerio Público, además de observaciones formuladas por la ciudadanía y difundidas por medios de comunicación.
López señaló que en ese departamento habría alrededor de una docena de funcionarios alcanzados por esta situación, aunque precisó que la nómina completa se conocería más adelante. Sobre las personas mencionadas por Estados Unidos, recordó que la restricción de visas es una determinación soberana de ese país, pero subrayó que una investigación penal exige elementos de convicción suficientes. “No podemos dar inicio a una investigación simplemente porque el vecino dice que usted cometió un hecho delictivo sin tener los elementos de prueba suficientes”, manifestó.
Urioste también se refirió al impacto que estas revelaciones pueden tener en la imagen internacional de Bolivia y admitió que el país queda mal parado frente a los casos de presunta corrupción que salen a la luz. No obstante, consideró que el conocimiento de estas situaciones también puede servir para corregir fallas dentro de las instituciones.
La nueva lista estadounidense incluye a autoridades y exautoridades bolivianas de distintas áreas. Las restricciones migratorias anunciadas por Washington no constituyen por sí mismas una sentencia penal ni prueban la comisión de delitos por parte de las personas señaladas. Las desvinculaciones, entretanto, alcanzan a funcionarios que formaron parte de la gestión de Mariaca, en un contexto marcado por cuestionamientos a anteriores actuaciones del Ministerio Público y por la difusión de una nómina de 15 bolivianos sujetos a restricciones de visa por parte de Estados Unidos.
