La investigación del denominado caso Roma permitió el secuestro de bienes y dinero valuados en más de Bs 10 millones, en el marco de una serie de operativos orientados a esclarecer una presunta red de protección al narcotráfico vinculada al uruguayo Sebastián Marset. Los fiscales Edwin Sarmiento y Daniel Portales, de La Paz, informaron este lunes que las pesquisas avanzan en dos procesos penales y que parte del patrimonio identificado podría estar registrado a nombre de terceras personas.
Sarmiento explicó que hasta el momento se ejecutaron cerca de 11 operativos, siete en Santa Cruz de la Sierra y cuatro en La Paz. En esos allanamientos se colectaron dinero en bolivianos y dólares, documentos de propiedad, computadoras, celulares y otros equipos que serán sometidos a pericias. También fueron secuestrados vehículos de alta gama y bienes inmuebles, dentro de una investigación que busca establecer el origen de los recursos y determinar quiénes serían los propietarios reales de los bienes.
El proceso se sigue por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas, por una parte, y legitimación de ganancias ilícitas, por otra. De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo es identificar si otras personas participaron en la presunta estructura de protección y si se recurrió a terceras personas para registrar bienes que no les pertenecerían.
Entre los hallazgos más relevantes, Sarmiento mencionó el dinero encontrado en un inmueble vinculado a Róger Mariaca, donde se secuestraron $us 391.555 y Bs 328.200. Según detalló, en ese lugar también había un contador de billetes. En otro domicilio relacionado con el exfiscal departamental Alberto Zeballos se encontraron Bs 269.000 y $us 2.800.
Los investigadores además recolectaron documentación sobre vehículos y propiedades, algunos registrados a nombre de los investigados y otros a nombre de terceras personas. Para precisar la situación patrimonial, la Fiscalía solicitó informes a las instituciones encargadas de certificar la propiedad de inmuebles y a las autoridades de Tránsito. Con esos datos, se busca establecer si hubo uso de palos blancos o testaferros para ocultar la verdadera titularidad de determinados bienes.
Portales informó, por su parte, que durante un allanamiento en Santa Cruz se encontró un arma de fuego en un domicilio vinculado a Zeballos. Asimismo, durante el registro y la requisa de un vehículo oficial de la Fiscalía General del Estado en Sucre, los investigadores hallaron tres armas: dos de calibre 9 milímetros con municiones y una de calibre 22, que preliminarmente no tenía municiones. El motorizado fue sometido a un microaspirado y la Fiscalía deberá establecer la procedencia de esas armas y su eventual relación con los hechos investigados.
Sarmiento indicó que en el proceso por organización criminal y tráfico de sustancias controladas figuran Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio, Martín Irusta y un exministro del gobierno de Luis Arce, contra quien, según dijo, existe una orden de aprehensión. Añadió que se activaron mecanismos de búsqueda y una alerta migratoria.
En la causa por legitimación de ganancias ilícitas también están siendo investigadas cinco personas, entre ellas Mariaca, además de Lucas O., Wilson F., Caloyelo S. F. y René H., de acuerdo con la relación proporcionada por el Ministerio Público.
El fiscal sostuvo que las imputaciones formales presentadas en ambos procesos fueron apeladas, pero las salas penales confirmaron las resoluciones que mantienen la detención preventiva de los imputados en los recintos penitenciarios correspondientes.
La comisión de fiscales no descarta ampliar las investigaciones a otras personas si aparecen nuevos elementos de convicción. Sarmiento afirmó que continúan reuniendo documentación, testimonios y otros indicios para reconstruir los movimientos patrimoniales y contrastarlos con los ingresos de los involucrados.
En ese marco, también informó que se solicitó documentación sobre los salarios y los cargos que Mariaca ocupó durante su trayectoria en el Ministerio Público. Esa información será comparada con los bienes y recursos identificados para verificar si existe correspondencia entre sus ingresos y el patrimonio investigado.
La Fiscalía aseguró que seguirá con los operativos y actos investigativos para esclarecer el caso Roma y determinar eventuales responsabilidades. Los hallazgos y sospechas expuestos forman parte de una investigación en curso, por lo que la responsabilidad penal de los involucrados deberá definirse mediante los procedimientos legales correspondientes.
