La promulgación de la Ley de Acceso a la Información forma parte del Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) suscrito por el gobierno boliviano, dentro de un capítulo vinculado con la “gestión responsable de los recursos públicos”, según el acuerdo de 36 meses firmado con el organismo multilateral.
El programa tiene como propósito restablecer la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares vulnerables, recomponer las reservas internacionales, enfrentar las vulnerabilidades fiscales y externas, y promover un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado. En ese marco, el SAF para Bolivia contempla un acceso a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes al 570 por ciento de la cuota y a unos 1.900 millones de dólares, monto que además permitiría movilizar alrededor de 4.000 millones de dólares en financiamiento adicional de otras instituciones financieras.
Dentro de la amplia agenda de reformas estructurales, el memorándum del acuerdo señala en su punto 30 que existe un compromiso para construir un marco de gobernanza más sólido que respalde una administración responsable de los recursos públicos. El texto pone el acento en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, junto con una mejora del entorno empresarial.
“Las autoridades se proponen implementar un enfoque de reforma institucional multifacético para abordar las vulnerabilidades frente a la corrupción y restablecer una buena gobernanza”, señala la versión traducida del documento, originalmente redactado en inglés. En ese mismo apartado se precisa que ello incluirá la promulgación de una Ley de Acceso a la Información “para garantizar una rendición de cuentas y una supervisión eficaces”, además del fortalecimiento de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos, la mejora de las prácticas de contratación pública y el refuerzo de la independencia judicial.
La aprobación de esa norma ha sido impulsada durante 15 años por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ANP-Diarios. Ese trabajo logró un avance clave con la aprobación del proyecto en el Senado Nacional, el pasado 27 de agosto de 2026.
Ahora, la propuesta fue remitida a la Cámara de Diputados, donde sus promotores esperan que el proyecto número 12 en esta prolongada trayectoria legislativa avance con rapidez en comisión y luego sea tratado en el plenario de 130 legisladores. La iniciativa presentada por la senadora Soledad Chapetón, identificada como Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S., incorporó propuestas y contenidos elaborados de manera coordinada con las organizaciones que impulsan la ley, sobre la base de otro proyecto presentado en septiembre de 2023 por la entonces senadora Silvia Salame.
