La demora en el tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2027 abrió un nuevo foco de tensión entre la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, en un escenario en el que el Ejecutivo advierte que la falta de definición puede comprometer la planificación de la próxima gestión y también las gestiones que deben encaminarse ante el Gobierno nacional para asegurar el financiamiento de programas y proyectos.
Fernando Romero, secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, explicó que el documento permanece en la instancia legislativa desde hace casi un mes y que, tras las observaciones recibidas, la administración departamental ya realizó las correcciones técnicas correspondientes. Aun así, el trámite continúa sin una resolución definitiva, y para el Ejecutivo la principal dificultad está ahora en la continuidad del tratamiento parlamentario y en la decisión sobre la aprobación del presupuesto.
La importancia del POA no se limita al ámbito interno de la Gobernación. El documento debe formar parte del proceso de programación presupuestaria nacional para 2027, por lo que cualquier retraso puede complicar las gestiones ante el Ministerio de Economía y prolongar la incertidumbre sobre los recursos destinados a las competencias departamentales.
En la Asamblea, sin embargo, se sostiene que el proyecto todavía requiere revisión y que existen sectores cuyas demandas no habrían sido incorporadas de manera adecuada. En ese marco, la Comisión de Economía y Finanzas retomó el análisis del plan y anunció que seguirá evaluando las observaciones antes de elevar el tema al pleno.
Romero, además, puso el foco en una discusión más amplia: la necesidad de modificar la distribución de los recursos públicos. Tarija forma parte de la demanda impulsada por los gobiernos departamentales para avanzar hacia un nuevo mecanismo de coparticipación tributaria que fortalezca las finanzas de las gobernaciones sin afectar las asignaciones que hoy reciben municipios y universidades.
La propuesta del denominado 50/50 apunta a cambiar la estructura vigente y otorgar una participación más alta a los departamentos en los ingresos nacionales. En esa línea, los gobernadores acordaron pedir avances para que este esquema sea considerado dentro del Presupuesto General del Estado 2027, junto con medidas que permitan compensar el incremento de los costos operativos.
En el caso de Tarija, el debate tiene un peso particular por la caída de los ingresos vinculados a la actividad hidrocarburífera. La disminución de la producción de gas y de las transferencias asociadas al sector redujo de forma considerable la capacidad financiera que el departamento tuvo en los años de mayor bonanza.
Ante ese panorama, Romero sostiene que resulta necesaria una modificación constitucional y legal en la distribución de recursos para asegurar la sostenibilidad de las autonomías departamentales. Su planteamiento busca que las nuevas reglas permitan cubrir las competencias asignadas a las gobernaciones con ingresos permanentes, y no solo mediante transferencias extraordinarias o mecanismos de endeudamiento.
A esa presión financiera se suma el incremento del precio del diésel, que elevó los costos de funcionamiento de las instituciones públicas. La maquinaria destinada al mantenimiento de caminos, los vehículos departamentales y diversas tareas vinculadas con infraestructura y servicios requieren combustible para operar, lo que genera una carga adicional sobre presupuestos elaborados bajo condiciones distintas.
Desde la Gobernación se reclama la aplicación de mecanismos de compensación para cubrir la diferencia entre el costo previsto al momento de elaborar las finanzas y el precio vigente. También se plantea la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias excepcionales que permitan absorber el aumento sin afectar los recursos destinados a inversión y servicios.
La crisis de abastecimiento añade otra dificultad al escenario. Las restricciones para acceder de manera regular a gasolina y diésel afectan tanto a entidades públicas como a sectores productivos y municipios, especialmente en áreas rurales donde las distancias y la disponibilidad de estaciones de servicio incrementan los costos logísticos.
Así, el debate ya no se limita a la aprobación de un documento presupuestario. Para la administración departamental, el problema reúne la demora legislativa, la reducción de ingresos, el aumento de los costos operativos y la necesidad de replantear las reglas de financiamiento autonómico.
Mientras se acerca el vencimiento del plazo para tratar el POA, la Gobernación espera que la Asamblea defina su posición y permita cerrar la planificación financiera de 2027. Al mismo tiempo, Tarija deberá continuar las gestiones ante el nivel central para conseguir compensaciones por el combustible y avanzar en una nueva distribución de recursos que otorgue mayor capacidad económica al departamento.
El resultado de estas acciones será determinante para establecer cuánto margen tendrá Tarija durante la próxima gestión para sostener sus servicios, ejecutar inversiones y atender las
