El Gobierno dispuso una intervención estatal extraordinaria y temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días calendario, mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre. La decisión fue adoptada ante las deficiencias detectadas en los procesos de importación y distribución de carburantes, que según la norma representan riesgos para el interés público y la seguridad energética del país.
La medida no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o su estructura institucional. El decreto aclara que se trata de una revisión extraordinaria de determinados procesos de gestión, con especial atención en la cadena logística de los combustibles, en un contexto en el que el Ejecutivo busca identificar fallas, corregirlas y reforzar los mecanismos de control.
El plazo de la intervención será de hasta 180 días calendario, computables desde la publicación de la norma. De manera excepcional, este periodo podrá ampliarse una sola vez por un máximo de 90 días, siempre mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos y únicamente si persisten las causas que motivaron la intervención. La norma también prevé que la medida concluya antes de ese tiempo si desaparecen las condiciones que dieron lugar a su aplicación.
Para ejecutar esta tarea, el decreto crea la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB, integrada por ministros o representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Sus áreas prioritarias serán la comercialización, la logística y la trazabilidad de combustibles.
Entre sus funciones, la comisión podrá recomendar auditorías y revisar los distintos eslabones de la cadena de combustibles, desde la importación hasta la comercialización. También tendrá la facultad de examinar procesos de importación y adquisición, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y trazabilidad de combustibles. A ello se suma la posibilidad de impulsar auditorías para identificar eventuales redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, así como establecer posibles responsabilidades del personal involucrado.
La norma también habilita a la comisión a revisar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética o los recursos del Estado. Del mismo modo, podrá evaluar el cumplimiento de funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo y trabajadores técnicos u operativos de YPFB. En ese marco, incluso podrá recomendar la remoción de personal cuando corresponda.
YPFB, por su parte, deberá entregar la información que solicite la comisión. El decreto dispone que el presidente de la estatal y el personal administrativo, técnico y operativo proporcionen los datos requeridos dentro de los plazos y condiciones que se establezcan. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en responsabilidades administrativas y/o penales.
Las auditorías que la comisión podrá recomendar tendrán carácter técnico-legal, financiero, administrativo, operativo y logístico. Si de esas revisiones surgen indicios de responsabilidades, deberá elaborarse un informe con los hechos identificados, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones sugeridas. Dependiendo de los hallazgos, los resultados podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
En cuanto al costo de la medida, el decreto establece que la intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, en el marco de la política de austeridad. Los gastos que genere el trabajo de la comisión deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que la conforman.
Así, el Gobierno activó un mecanismo temporal de revisión y seguimiento sobre YPFB, centrado en la cadena logística de los carburantes y en la detección de posibles irregularidades que hayan afectado el abastecimiento y la seguridad energética del país.
