El debate sobre un eventual incremento salarial para la gestión 2027 comenzó a tomar forma entre representantes del sector privado y autoridades del Gobierno, en medio de posiciones que coinciden en la necesidad de abrir una negociación formal antes de adoptar cualquier decisión. Desde la Cámara Nacional de Industrias, el vicepresidente Eduardo Iriarte planteó que cualquier ajuste debe surgir de una reunión tripartita en la que participen Gobierno, empleadores y trabajadores, tal como establece la Organización Internacional del Trabajo.
Iriarte sostuvo que un aumento salarial no debería definirse por decreto ni imponerse de manera unilateral, como —según recordó— ocurrió en anteriores gestiones. A su criterio, la discusión debe darse en un marco de diálogo entre las tres partes, para evitar medidas que puedan afectar la estabilidad de las empresas. En ese sentido, advirtió que si se fija un incremento elevado sin consenso, los empleadores podrían verse imposibilitados de cubrir los salarios, lo que a su vez derivaría en un mayor desempleo.
El dirigente empresarial remarcó que el sector industrial atraviesa un escenario complejo y que, por ahora, el objetivo es evitar cerrar el año con resultados negativos. Por ello, insistió en que la discusión sobre salarios debe ser analizada con cautela y en conjunto, antes de asumir compromisos que puedan comprometer la situación económica de las compañías.
Una postura similar expresó el gerente de la Cámara de Exportadores, Mario Rojas, quien señaló que el sector se encuentra evaluando el tema junto a las empresas afiliadas para definir una posición oficial. Según explicó, se trata de una materia delicada y compleja, por lo que todavía no existe una definición cerrada desde esa entidad.
Desde el ámbito gubernamental, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, indicó que el Ejecutivo prevé abrir una negociación salarial al inicio de 2027. Explicó que el Gobierno considera necesario un incremento para que las familias puedan preservar su poder adquisitivo, lo que anticipa un escenario de discusión entre las partes involucradas sobre el alcance y las condiciones de una eventual medida.
