La Federación Sindical Única de Trabajadores Gremiales de Tarija se declaró en estado de emergencia y otorgó un plazo de 72 horas a las autoridades nacionales y departamentales para que respondan a un conjunto de demandas económicas vinculadas, principalmente, con la generación de empleo, el acceso a créditos y la adopción de medidas frente al encarecimiento del costo de vida.
La decisión fue asumida en una ampliada extraordinaria, según informó la ejecutiva del sector, Cintia Dávila, quien explicó que las bases analizaron el impacto que atraviesa el comercio y las familias a raíz de la crisis económica. En ese encuentro, los gremiales expusieron su preocupación por el constante incremento de los precios de productos y servicios, así como por el aumento de los costos de transporte, abastecimiento y comercialización. A juicio del sector, esa situación está relacionada, entre otros factores, con el levantamiento de la subvención al diésel.
Dávila remarcó que la principal demanda no pasa por beneficios directos, sino por la posibilidad de acceder a trabajo. “Nosotros no estamos pidiendo bonos, estamos pidiendo más fuentes laborales”, afirmó al señalar que la falta de empleo está empujando a más personas a incorporarse al comercio informal. También sostuvo que el despido de trabajadores en empresas e instituciones privadas agrava la competencia dentro del sector gremial.
Otro de los puntos que generó rechazo entre los comerciantes fue un eventual nuevo incremento de los pasajes del transporte público. La dirigente fue enfática al expresar la oposición del sector a esa posibilidad y aseguró que las familias ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos cotidianos. “Estamos negando la subida nuevamente del sector de pasajes, estamos rechazando de manera contundente”, señaló.
Entre las solicitudes dirigidas al Gobierno figuran la creación de programas de empleo temporales y permanentes, además de apoyo a las micro y pequeñas unidades económicas. El sector también pide líneas de crédito con bajas tasas de interés y requisitos accesibles para comerciantes y trabajadores por cuenta propia, como una forma de aliviar la situación económica que atraviesan.
A ello se suma la exigencia de medidas paliativas frente al incremento del costo de vida, así como la eliminación de la renta vitalicia y una reducción del 50% en las remuneraciones de las autoridades estatales.
Dávila advirtió que, si en el plazo establecido no reciben una respuesta, los gremiales asumirán medidas de presión. “Caso contrario estamos declarando estado de emergencia y vamos a hacer las movilizaciones correspondientes para hacernos escuchar”, manifestó.
