La Federación de Gremiales de Tarija se declaró en estado de emergencia ante lo que considera un impacto directo de las recientes decisiones económicas del Gobierno sobre comerciantes, consumidores y familias. El sector exige medidas de contención y mayor claridad sobre la evolución de los costos que influyen en la actividad comercial, en un contexto que ya genera preocupación por el encarecimiento del transporte y sus efectos en la canasta familiar.
Richard Conde, representante de la organización gremial, explicó que las bases fijaron un plazo hasta este miércoles para recibir respuestas de las autoridades. Si no hay avances, anticipó que se convocará a un ampliado departamental de emergencia, instancia en la que podrían definirse nuevas medidas de presión.
Una de las principales inquietudes del sector es la falta de definiciones sobre el precio del transporte público y el posible efecto que un ajuste tendría en los gastos de las familias. Los gremiales advierten que cualquier variación en las tarifas repercutirá de manera inmediata en el traslado de mercadería y, en consecuencia, en el precio final de los productos que compra la población.
A esa incertidumbre se suma el incremento de los costos logísticos. Según la información difundida por Conde, el flete para transportar mercadería habría subido de alrededor de 20 a 40 bolivianos, lo que representa un aumento importante para los comerciantes que deben movilizar sus productos de manera constante.
La preocupación también alcanza a los viajes interdepartamentales. La dirigencia gremial reportó que algunos pasajes, que antes rondaban los 150 bolivianos, ahora estarían entre 400 y 500 bolivianos. Desde el sector se pide a las autoridades ejercer controles para evitar incrementos que, a su criterio, no cuentan con una regulación efectiva.
El alza en los costos de traslado golpea especialmente a los comerciantes que dependen del abastecimiento desde otras regiones. Productos agrícolas, alimentos, artículos de primera necesidad y diversa mercadería requieren transporte para llegar a los centros de comercialización de Tarija, por lo que cualquier variación en los fletes termina incidiendo en el precio de venta.
Pese a ese escenario, los comerciantes del Mercado Campesino aseguran que mantienen sus precios en varios productos debido a la menor capacidad de compra de la población. La dirigencia sostiene que subir los valores podría profundizar la caída de las ventas en un contexto de menor circulación de dinero.
Esa realidad coloca al sector ante una decisión compleja: asumir parte del incremento de costos para sostener las ventas o trasladarlo al consumidor, con el riesgo de reducir aún más la demanda. Los gremiales consideran que la ausencia de medidas de respaldo puede agravar el problema y afectar tanto a quienes venden como a quienes compran.
El reclamo surge después de que distintas organizaciones de Tarija expresaran su preocupación por el impacto de la eliminación de la subvención al diésel. En septiembre, la Federación de Gremiales ya había asumido una postura de emergencia y había pedido medidas para evitar incrementos excesivos en las tarifas del transporte público.
En paralelo, el transporte urbano sigue discutiendo una eventual modificación de los pasajes. La Alcaldía dispuso mantener temporalmente las tarifas mientras se realiza un estudio técnico para establecer el efecto del nuevo costo del combustible.
Los gremiales insisten en que las decisiones económicas deben ir acompañadas de mecanismos que reduzcan el impacto sobre los sectores con menores ingresos. En sus planteamientos recientes también incluyeron pedidos vinculados al empleo, al financiamiento y al respaldo a las pequeñas unidades económicas, ante la presión que enfrenta el comercio por el menor movimiento económico.
Conde advirtió que, si hasta el miércoles no llega una respuesta satisfactoria, el conflicto podría entrar en una fase de mayor presión. Entre las alternativas mencionadas figuran movilizaciones, huelgas de hambre y posibles bloqueos de carreteras, aunque cualquier determinación deberá ser asumida por las bases en el ampliado anunciado.
La advertencia suma tensión al escenario económico de Tarija, donde coinciden las dificultades de abastecimiento, el incremento de los costos de transporte y el debate sobre las tarifas del servicio público. La posibilidad de nuevas medidas de presión dependerá de las respuestas que emitan las autoridades dentro del plazo fijado.
Mientras tanto, el sector gremial sostiene que el problema no se limita al aumento de un producto o servicio específico, sino al efecto acumulado de mayores costos sobre una economía familiar con menor capacidad para absorberlos. En las próximas horas, la atención estará puesta en las definiciones del Gobierno y en la eventual convocatoria del ampliado que podría marcar el rumbo de las movilizaciones.
