El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este martes 6 de octubre que el exfiscal general Roger Mariaca habría encabezado una estructura instalada dentro de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de proteger redes vinculadas al narcotráfico y de recaudar dinero de origen ilícito. Según la versión oficial, ese esquema no operaba de manera aislada, sino que se extendía a través de las nueve fiscalías departamentales del país.
Oviedo sostuvo que la presunta red funcionaba con una lógica de coordinación nacional, en la que distintas dependencias del Ministerio Público habrían sido utilizadas como espacios de cobro y distribución de funciones. De acuerdo con lo expuesto por la autoridad, la organización estaba articulada por operadores de confianza designados por Mariaca, quien habría tenido un rol central en el manejo de esa estructura.
Las revelaciones se producen en medio de una serie de detenciones e investigaciones que comenzaron la noche del miércoles 30 de septiembre en el aeropuerto cruceño de Viru Viru, donde Mariaca fue interceptado y aprehendido. Su captura ocurrió dos días después de que el gobierno de Estados Unidos le revocara la visa, junto con la de otras 13 autoridades y exautoridades, bajo el argumento de favorecer al narcotráfico.
En ese mismo operativo también fue detenido el entonces fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Antes de esas aprehensiones, en la ciudad de La Paz había sido capturado el mayor de la Policía Rubén Aparicio, señalado por las autoridades como un nexo operativo dentro de la presunta red.
Las pesquisas también derivaron en el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo. En Santa Cruz, las fuerzas de seguridad interceptaron una ambulancia que transportaba 3,5 millones de bolivianos y 10.000 dólares, montos que, según la información difundida, habrían sido extraídos de la residencia de Mariaca. Más tarde, en Sucre, donde funciona la Fiscalía General del Estado, el edecán de la exautoridad entregó a los investigadores un maletín con más de un millón de bolivianos.
El caso alcanzó además a otros funcionarios identificados por las autoridades, entre ellos el fiscal superior Martín Irusta, en Sucre, y el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien fue declarado prófugo, al igual que el exministro Eduardo Del Castillo. En paralelo, se difundió un registro audiovisual en el que el narcotraficante Sebastián Marset, capturado y expulsado a Estados Unidos en marzo, mencionaba supuestos pagos a Mariaca y a Del Castillo para asegurar su permanencia en Bolivia.
Como resultado de las primeras actuaciones judiciales, Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio fueron enviados a prisión bajo detención preventiva. Enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de sustancias controladas, mientras las investigaciones continúan para ubicar a otras personas presuntamente implicadas en el caso.
