Una joven de 25 años se presentó de manera voluntaria ante la Policía en Chulumani, en los Yungas, luego de la muerte de su bebé de siete meses. La mujer confesó el hecho y colaboró con la ubicación de los restos, mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el deceso, registrado el 21 de septiembre en un domicilio alquilado de la zona de Munaypata, en la ciudad de La Paz.
De acuerdo con la información brindada por su abogada defensora, Mónica Irusta, la madre relató que había consumido bebidas alcohólicas antes de alimentar a la bebé. Luego la cubrió con una manta y la acomodó para descansar. Horas más tarde, al notar que la niña ya no respiraba, habría actuado presa del pánico y ocultado el cuerpo bajo las gradas del inmueble antes de trasladarse a Chulumani, donde finalmente decidió entregarse a la Policía.
El caso tomó otra dimensión a partir de la denuncia presentada por el padre de los menores, quien cuestiona el cuidado ejercido sobre la bebé y exige que se esclarezcan con precisión las circunstancias de lo ocurrido. La parte denunciante pide que se investigue si hubo omisión o negligencia y demanda que el hecho sea sancionado con todo el peso de la ley, especialmente por el ocultamiento del cuerpo.
La defensa, por su parte, sostiene que la joven no pretende evadir su responsabilidad ante la justicia, aunque insiste en que los hechos deben ser aclarados en la investigación. En paralelo, el caso expone una situación de vulnerabilidad social marcada por la precariedad económica y la ausencia de apoyo familiar, según el contexto descrito en torno a la madre, que además tenía a su cargo a otro niño de cuatro años.
Especialistas en trabajo social y dinámicas familiares advierten que escenarios de extrema presión económica, combinados con la falta de redes de apoyo institucional y familiar, pueden llevar a cuidadores principales, con frecuencia mujeres solas, a situaciones límite de desgaste emocional y aislamiento. En ese marco, el caso también abre preocupación por la situación del otro hijo de la mujer, que podría quedar desprotegido mientras avanza el proceso.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente la noche del 21 de septiembre y establecer el grado de responsabilidad penal en un hecho que ha puesto en evidencia una compleja realidad de desprotección y fragilidad social.
