Una nueva seguidilla de asesinatos volvió a exponer la presión que enfrenta la estrategia estatal contra el crimen organizado. Entre el último fin de semana y la jornada de ayer se registraron al menos seis muertes violentas, en un contexto que mantiene en alerta a las autoridades y reaviva las críticas sobre la efectividad de las medidas desplegadas en la frontera oriental.
La noche de ayer, cerca de las 20:30, dos hombres armados llegaron hasta un inmueble en San Ignacio de Velasco, ingresaron al lugar y dispararon contra dos personas, que murieron en el ataque. Tras la balacera, efectivos de la Policía y representantes del Ministerio Público acudieron al sitio para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar las primeras actuaciones investigativas. Las pesquisas están orientadas a establecer tanto a los autores materiales como a los intelectuales del hecho.
En medio de esta nueva escalada de violencia, el fiscal general, Róger Mariaca, anunció una reunión con el Ministerio de Gobierno y el alto mando policial. “Ya se han activado todos los mecanismos”, afirmó, al referirse a la respuesta institucional frente a la serie de crímenes que golpea a esa región del país.
Los hechos no se limitaron a la jornada de ayer. La madrugada del domingo también fueron asesinados en la capital velasquina Rodrigo Oliveira Zeballos, de 36 años, y Gabriel Posiabo Fernández, de 22, en viviendas distintas. Según informó la Policía, ambos casos podrían estar vinculados con actividades ilícitas. A esto se suma el asesinato de un hombre en Villa Magdalena, en Trinidad, que amplía el registro de hechos violentos ocurridos durante el fin de semana.
En Cobija, además, murió Matheus Campanerutti Pinheiro, ciudadano brasileño señalado como integrante del Comando Vermelho y prófugo de la justicia de su país. El hombre fue localizado el viernes 11 en Marapaní, tras una denuncia por agresión contra una mujer. Durante el operativo abrió fuego contra los policías, resultó herido y posteriormente falleció por una falla multiorgánica y paro cardiaco. En la requisa se encontraron diez paquetes con marihuana y cocaína, un arma de fuego y dos celulares. De acuerdo con los antecedentes, enfrentaba tres procesos en Bolivia y en Brasil era buscado luego de escapar de una cárcel de Acre.
La violencia, sin embargo, no es reciente. Se arrastra desde hace varios meses y fue precisamente ese escenario el que llevó al Gobierno a poner en marcha Frontera Segura, una estrategia lanzada en agosto tras una serie de asesinatos ocurridos cerca de Brasil. El plan contempló presencia policial, labores de inteligencia y coordinación con autoridades brasileñas. En San Ignacio y San Matías fueron desplegados más de 300 policías.
Pese a ese operativo, los homicidios continuaron y las críticas se multiplicaron. La asambleísta Natasha Castedo calificó el plan como “un mito” y sostuvo que la situación en San Ignacio no cambió. En la misma línea, María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, consideró que la medida resultó insuficiente. Desde la Gobernación, Juan Pablo Velasco pidió triplicar la presencia policial y reforzar la inteligencia. Incluso demandó la presencia militar, algo que ya está autorizado por efecto del estado de excepción que seguirá vigente durante algunos meses más.
“¿Cuántos asesinatos ha habido en San Ignacio de Velasco?, ¿Cuántos asesinatos ha habido en la frontera entre Brasil y Santa Cruz en un estado de excepción? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas muertes ha habido en los últimos 90 días?”, cuestionó Velasco al poner en duda la respuesta del Estado. A su juicio, estos hechos ya no pueden seguir normalizándose.
Las advertencias coinciden con el diagnóstico de la Fundación Milenio, que en un estudio sostiene que Bolivia dejó de ser únicamente un territorio de tránsito de drogas y pasó a consolidarse también como espacio de producción, acopio y exportación de cocaína. El informe describe redes descentralizadas en las que operan clanes locales junto con “agregadores internacionales”, entre ellos el PCC y el Comando Vermelho. Más que estructuras verticales, plantea que se trata de alianzas flexibles que articulan producción, logística, protección y salida de droga. Además, advierte sobre las llamadas “zonas de penumbra”, donde actividades legales e ilegales conviven y la debilidad institucional facilita la expansión de estas redes criminales.
