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El Ministerio Público pidió la detención preventiva de 18 personas, entre ellas 11 ciudadanos chinos y siete bolivianos, investigadas por minería ilegal en la comunidad La Acacia, en el municipio de Sorata, provincia Larecaja del departamento de La Paz. La solicitud plantea que los implicados permanezcan en el penal de San Pedro por un periodo de seis meses, en el marco de un proceso abierto tras un operativo conjunto ejecutado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Fecda).

Según la información difundida por el Ministerio Público, la medida se sustenta en elementos de convicción considerados sólidos, además de riesgos procesales como fuga y obstaculización de la investigación. Esa preocupación, señalaron las autoridades, se acentúa en el caso de los ciudadanos extranjeros involucrados en el caso.

Las pesquisas preliminares establecieron de manera provisional que el hecho se encuadra en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto en el artículo 185 bis del Código Penal. La figura penal fue vinculada a la explotación ilegal de recursos minerales, una actividad que, de acuerdo con la investigación, generó además graves daños ambientales en la zona.

El operativo se desarrolló en el área minera Mercalani 2, dentro de predios de la Cooperativa Nueva Vista, que cuenta legalmente con derechos mineros para operar en el sector. Sin embargo, durante la intervención las autoridades constataron un presunto avasallamiento atribuido a personas extranjeras y comunarios, en un espacio que también tenía trámites de solicitud por parte de habitantes locales.

Durante la acción interinstitucional se sorprendió actividad minera en ejecución. En el lugar se encontró un campamento con maquinaria moderna, cuya inversión estimada alcanzaría los cinco millones de dólares, además de una labor subterránea con un avance aproximado de 50 metros. También se reportó el acopio de combustible y una cantidad considerable de material explosivo, entre cartuchos de dinamita, cordón detonante, anfo y fulminantes.

Como resultado del operativo, coordinado con la Policía Boliviana, fueron aprehendidas 18 personas. Los ciudadanos chinos contaron con la presencia de un traductor oficial durante las declaraciones, que se extendieron durante toda la noche, con el fin de garantizar sus derechos en las diligencias legales.

En el desarrollo de la investigación también se realizó la requisa de un vehículo para reunir indicios materiales. En esa intervención se hallaron recibos y facturas que, según el fiscal Juan Uzeda, servirán para establecer la titularidad del motorizado y el destino del combustible transportado. Todo el material explosivo incautado fue entregado a la Unidad de Bomberos bajo normas de seguridad.

El Ministerio Público indicó además que se emitieron requerimientos periciales para analizar los explosivos decomisados. Las autoridades advirtieron que, si se confirma un uso irregular de ese material, no descartan ampliar las investigaciones y modificar los tipos penales conforme avance la etapa preparatoria del proceso.

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