En Cochabamba crece la preocupación y también la indignación entre padres de familia, luego de que se confirmara la liberación de un hombre acusado de grabar y tomar fotografías a menores de edad dentro de una unidad educativa. El caso generó mayor alarma porque el sujeto ya había sido retenido en un arresto ciudadano, cuando presuntamente filmaba al equipo femenino durante un partido de vóleibol.
La decisión judicial que dispuso su libertad provocó una reacción inmediata de los padres, quienes salieron a protestar para exigir su recaptura y pedir que se ordene detención preventiva. Además, anunciaron que apelarán la determinación asumida por el juez, al considerar que existen suficientes elementos para sostener la acusación.
El representante de los padres de familia manifestó su rechazo tanto a la resolución del Ministerio Público como a la del juez, y cuestionó que ambas autoridades hayan sustentado su decisión en el artículo 228, bajo el argumento de que no existirían elementos de convicción suficientes. “Nos sentimos bastante preocupación por la determinación… el argumento legal nos refiere a que no existen elementos de convicción para poder presumir la autoría de esta persona”, señaló el dirigente.
Pese a esa postura, los afectados sostienen que en el cuaderno de investigación hay elementos que, a su criterio, contradicen esa valoración. Entre ellos mencionan el acta de aprehensión ciudadana, mediante la cual el sujeto fue retenido en el momento exacto por particulares; los testimonios de personas que presenciaron el hecho; y un informe pericial del laboratorio criminalístico, que habría logrado recolectar imágenes y videos incriminatorios en poder del acusado.
Los padres también demandaron que la investigación avance dentro del plazo procesal establecido y que se dispongan medidas de protección para las menores involucradas. Insistieron en que se trata de un grupo vulnerable y pidieron que el Ministerio Público actúe con celeridad para garantizar su resguardo.
“Lo que queremos es que en ese plazo procesal esta persona pueda estar en detención preventiva y nos brinde, como Ministerio Público, las medidas de protección, porque se trata de un grupo vulnerable, en este caso son menores de edad”, concluyó el representante.
