La situación del penal de Morros Blancos volvió a quedar bajo la lupa a partir de las observaciones de Miguel Sotelo, representante de la Pastoral Carcelaria, quien cuestionó la falta de inversión en el recinto y advirtió sobre la presunta influencia de redes vinculadas al narcotráfico y la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Sotelo, que trabaja desde hace más de 11 años en ese penal, sostuvo que el hacinamiento y la precariedad siguen siendo parte de los principales problemas que enfrentan las personas privadas de libertad. En su criterio, las condiciones dentro del establecimiento reflejan una realidad que no ha mostrado mejoras sustanciales con el paso del tiempo.
Durante una entrevista, afirmó que en los penales del país, según su percepción, existen factores externos que inciden en su funcionamiento. “Los penales en Bolivia están manejados muchas veces por fuerzas externas, como es el narcotráfico y otras fuerzas de corrupción”, señaló al referirse a lo que observa en los centros penitenciarios.
El representante pastoral también puso en duda el rol de la Policía dentro de los recintos carcelarios y aseguró que, desde su experiencia, persisten problemas relacionados con corrupción, extorsión y manejo de dinero. Sus declaraciones se enmarcan en la lectura que hace de la realidad penitenciaria tras años de trabajo en Morros Blancos.
Otro de los puntos que destacó fue la ausencia de inversión para mejorar la infraestructura y las condiciones del penal. Sotelo aseguró que en todo el tiempo que lleva realizando labores allí no ha visto una intervención significativa. “Yo llevo once años ahí y no he visto ninguna inversión seria en el penal”, afirmó.
A su juicio, las carencias no solo afectan a los internos, sino también al personal que cumple funciones administrativas. Explicó que funcionarios de Régimen Penitenciario le habrían manifestado dificultades incluso para acceder a materiales básicos, como papel, necesarios para la elaboración de documentación vinculada a trámites y procesos de los privados de libertad.
Para Sotelo, este panorama confirma una situación de precariedad que termina golpeando principalmente a quienes permanecen recluidos en el recinto. En esa línea, también expresó su preocupación por personas privadas de libertad que, desde su perspectiva, estarían atravesando procesos judiciales injustos o seguirían detenidas pese a considerarse inocentes.
En ese contexto, cuestionó algunas disposiciones legales, entre ellas la Ley 348, y también hizo referencia a propuestas de modificación normativa que, desde su punto de vista, podrían agravar los problemas existentes. Sostuvo que la legislación debe garantizar condiciones de justicia y evitar desigualdades entre hombres y mujeres.
Las observaciones planteadas por el representante de la Pastoral Carcelaria vuelven a poner sobre la mesa las deficiencias en infraestructura, atención y seguridad dentro de los centros penitenciarios, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de control y asegurar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
