La discusión por el Plan Operativo Anual (POA) 2027 de Tarija abrió un nuevo pulso entre la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), luego de que transcurrieran 15 días desde que el documento fue remitido para su análisis sin que hasta ahora exista una fecha definida para su tratamiento. La demora ha derivado en reclamos cruzados: mientras el Ejecutivo departamental pide acelerar la aprobación para enviar el presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la bancada de Patria condiciona el debate a la presentación de actas de socialización y a garantías para sesionar sin presiones.
El POA 2027 contempla un presupuesto de Bs 595.477.378. De ese monto, según la Secretaría de Economía y Finanzas de la Gobernación, Bs 383.732.970 están destinados a Inversión General, Bs 111.566.185 al Servicio de la Deuda y Bs 100.176.223 a gastos corrientes.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, manifestó su preocupación por la falta de avance en la ALDT y cuestionó que el tratamiento del presupuesto siga sin definirse. “Yo he sido respetuosa con el trabajo de la Asamblea (…). Pero la Asamblea no puede ser cooptada por dos o tres voluntades, que prefieren irse de viaje o tienen una agenda mucho más liviana y no están comprometidos con el desarrollo”, afirmó.
Soruco indicó que ya envió una nota a la Directiva de la Asamblea para solicitar que se agilice la aprobación del documento. En su criterio, la demora compromete la ejecución de programas previstos en el POA y puede afectar áreas sensibles como salud, empleo, turismo y el cumplimiento de obligaciones financieras.
La autoridad remarcó que el presupuesto incluye Bs 204 millones para el sector salud, Bs 7 millones para el Plan de Empleo Urgente (PEUP), Bs 5 millones para apoyo al turismo en todo el departamento y Bs 23 millones para saldar la deuda del Programa Solidario Comunal (Prosol) correspondiente a la gestión 2025. “La gestión no puede estar paralizada por dos o tres voluntades. Lo que más hemos hecho es socializar toda nuestra agenda, nos hemos reunido con diferentes sectores para ir construyendo este presupuesto”, sostuvo.
Frente al pedido de la bancada de Patria, que exige actas que respalden la socialización del presupuesto con distintos sectores, Soruco señaló que ninguna norma establece ese requisito como obligatorio. A su juicio, detrás de esa demanda existe una intención de frenar la gestión departamental. “Lo que pasa es que por detrás hay una intencionalidad de paralizar la gestión, pero nosotros vamos a seguir trabajando, porque la salud, el desarrollo productivo, los caminos no entienden de burocracia. Esto no nos va a detener”, recalcó.
La gobernadora también advirtió que la falta de tratamiento del POA 2027 en la ALDT pone en riesgo la ejecución de varios programas incluidos en el documento.
En la Asamblea, entretanto, no hay una fecha confirmada para debatir el presupuesto. Hasta ahora no se ha convocado a sesión, ni presencial ni virtual, para considerar el proyecto remitido por la Gobernación.
El asambleísta de Camino al Cambio, Marco Gutiérrez Rivero, pidió al presidente de la ALDT, Álbaro Ojeda, que convoque a sesión para aprobar el POA, aunque aseguró que no recibió respuesta. La última vez que Ojeda se pronunció sobre el tema fue el 16 de septiembre, cuando informó sobre la suspensión de la sesión y señaló que la misma sería reprogramada de acuerdo con la agenda de la Directiva.
Desde la bancada de Patria, el asambleísta Rodrigo Delgado atribuyó a la Gobernación la responsabilidad por la paralización del documento. Según dijo, el proyecto fue remitido sobre el límite del plazo y con observaciones. “Ellos tuvieron un plazo para entregar ese documento y en ese plazo no se lo hizo, lo enviaron al filo del término y lamentablemente con varias observaciones. Nosotros, como asambleístas, tenemos la facultad de realizar aquellas observaciones necesarias para que este documento tenga seriedad en cuanto a la atención de las necesidades y a los sectores”, declaró a través de Apuntes Informativos.
Delgado insistió en que la Gobernación presente un acta de socialización que demuestre coordinación previa con los sectores beneficiarios de los recursos departamentales. “Esto no es algo de otro mundo,
