La expansión del Primer Comando de la Capital (PCC) en Bolivia volvió a instalar la preocupación sobre el alcance de esta organización criminal brasileña, luego de que el presidente Rodrigo Paz denunciara haber recibido amenazas de muerte tras la captura de uno de sus integrantes. Al mismo tiempo, nuevas pesquisas en torno al ex fiscal general Róger Mariaca sumaron el hallazgo de armamento y reforzaron las sospechas sobre eventuales redes de protección vinculadas al narcotráfico.
Paz afirmó que la amenaza surgió después de un operativo realizado en Pando, en el que fue aprehendido un miembro considerado importante dentro del PCC. Según relató, ese hombre “se campeaba en Santa Cruz”, lo que, a su juicio, evidencia la presencia y capacidad de maniobra de la estructura criminal en territorio boliviano. El mandatario sostuvo además que los operativos contra organizaciones internacionales permitieron expulsar del país a 29 extranjeros relacionados con estructuras delictivas.
Las declaraciones del presidente se producen en un contexto en el que la expansión del PCC en Bolivia ya había sido advertida por informes de inteligencia. Uno de ellos, elaborado en Brasil y divulgado en junio de 2025, identificó a 146 integrantes de esa organización en el país: 75 privados de libertad y otros 71 en situación de libertad. El reporte también describió una red asentada sobre el narcotráfico, el lavado de dinero, alianzas locales y presencia en cárceles, con Santa Cruz como uno de sus principales focos de interés.
Dentro de ese mapa criminal, uno de los casos más llamativos es el de Sergio Luiz de Freitas Filho, alias Mijao, señalado como uno de los líderes del PCC. De acuerdo con la información conocida, habría permanecido durante una década en Santa Cruz bajo una identidad falsa y residiendo en mansiones de alto nivel. A ello se suma la captura de Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, otro supuesto cabecilla de la organización, quien fue detenido mientras realizaba trámites migratorios en el Segip. Ese hecho abrió sospechas sobre posibles mecanismos de protección institucional y derivó en investigaciones contra funcionarios policiales.
En paralelo, el proceso que involucra a Róger Mariaca ingresó en una fase más delicada tras el hallazgo de armas de grueso calibre y municiones en vehículos vinculados con la Fiscalía. Uno de los descubrimientos se produjo en una vagoneta Toyota Land Cruiser Prado utilizada por el ex fiscal general, lo que llevó a las autoridades a ampliar las indagaciones sobre el origen del armamento, su posible destino y las personas que tenían acceso a esos motorizados.
En ese vehículo se encontraron tres armas de fuego: dos de calibre 9 milímetros y una de calibre 22, además de cargadores con un total de 26 proyectiles. A partir de este hallazgo, el fiscal general José Armando Urioste ordenó extender las inspecciones a otros vehículos institucionales y revisar con mayor profundidad las estructuras internas del Ministerio Público.
Urioste también advirtió que la investigación sobre Mariaca está adquiriendo una dimensión mayor por las posibles conexiones con organizaciones criminales internacionales. Desde Trinidad, incluso vinculó de manera preliminar al PCC con el violento atraco perpetrado el domingo contra una joyería en Santa Cruz. Según su criterio, las recientes detenciones habrían golpeado los mecanismos de financiamiento de las mafias, aunque esa hipótesis todavía debe ser comprobada.
Mariaca continúa detenido preventivamente en Cantumarca, acusado de presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la legitimación de ganancias ilícitas, en un caso que ahora suma nuevos elementos y mantiene bajo presión a las instituciones encargadas de investigar la infiltración del crimen organizado.
