La demora en la renovación de la infraestructura de riego de San Jacinto y las dificultades para frenar la intermediación volvieron a instalar la preocupación entre los sectores productivos de Tarija, donde persisten reclamos por la falta de avances concretos en temas que inciden de manera directa en la capacidad agropecuaria del departamento.
En el centro de las observaciones se encuentra el Proyecto Múltiple San Jacinto, considerado uno de los puntos más sensibles para la producción del valle central. La infraestructura de conducción de agua lleva varias décadas de funcionamiento y desde hace años se plantea la necesidad de su renovación y ampliación. En enero de 2026, los regantes retomaron el pedido de cambiar la tubería principal y buscaron coordinar esfuerzos con otros actores productivos y empresariales para impulsar la gestión de financiamiento.
En ese proceso, un estudio citado por los propios sectores involucrados calculó una inversión cercana a los 500 millones de bolivianos para ejecutar la obra, aunque anteriores propuestas habían manejado otros montos. La envergadura del proyecto y la ausencia de una solución definitiva mantienen al recambio de la tubería entre los asuntos pendientes de mayor impacto para la producción agrícola de la zona.
La ampliación del sistema también aparece ligada a la posibilidad de incrementar de forma importante la superficie bajo riego. Según datos difundidos por representantes de los regantes, en la actualidad se atienden alrededor de 3.000 hectáreas y unas 1.500 familias, mientras que una infraestructura ampliada podría llegar a cerca de 10.000 hectáreas y beneficiar a más de 3.500 familias.
Las preocupaciones del sector no se limitan a la infraestructura hídrica. En los últimos meses, organizaciones de productores también advirtieron sobre el encarecimiento de insumos agrícolas y las dificultades para acceder a productos necesarios para las campañas productivas, una situación que termina presionando los costos de los pequeños y medianos agricultores.
En el caso de la cadena vitivinícola, por ejemplo, se reportaron complicaciones para adquirir agroquímicos y fungicidas destinados a la preparación de las plantaciones, además de incrementos considerables en sus precios. Ese escenario afecta la planificación de nuevas campañas y reduce el margen económico de los productores.
A ello se suma la preocupación por la intermediación en la comercialización de alimentos. Productores campesinos han denunciado en distintos momentos la diferencia entre los precios que reciben en origen y los que finalmente pagan los consumidores en los mercados. En 2024, organizaciones del sector ya habían pedido mayores controles sobre los intermediarios y una utilización más activa de mecanismos de referencia como el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario, CRAMA.
La discusión cobra más fuerza en un contexto económico complejo, donde una cadena de comercialización extensa puede elevar el precio final de los alimentos sin que ese incremento se traduzca necesariamente en mejores ingresos para quienes producen. En ese marco, los sectores productivos insisten en reforzar los canales de venta directa y mejorar los mecanismos de información y control de precios.
El abastecimiento de agua también se mira con preocupación frente a un escenario climático que puede aumentar la presión sobre las reservas disponibles. En septiembre de 2026, representantes de los regantes plantearon la necesidad de avanzar en proyectos de almacenamiento y en obras orientadas a enfrentar eventuales periodos de menor disponibilidad hídrica, advirtiendo que una reducción del agua para riego podría repercutir en la producción y en los precios de los alimentos.
La infraestructura de San Jacinto tiene además un peso económico relevante para el valle central. La Gobernación informó anteriormente que el sistema permite irrigar miles de hectáreas destinadas a cultivos como vid, papa, cebolla y hortalizas, con incidencia directa en numerosas familias vinculadas a la actividad agropecuaria.
En ese contexto, los productores demandan que las políticas de apoyo al agro dejen de quedarse en anuncios generales y se traduzcan en decisiones con resultados verificables. El reclamo abarca la renovación de los sistemas de riego, el acceso a insumos y la comercialización, además de los factores que influyen en el precio final de los alimentos.
Para Tarija, el problema trasciende a un solo sector. La capacidad de sostener e incrementar la producción local está relacionada con el empleo rural, el movimiento económico de las comunidades productoras y el abastecimiento de los mercados urbanos. Por eso, los pedidos apuntan a que las instituciones responsables definan prioridades, aseguren financiamiento y establezcan mecanismos de seguimiento que permitan verificar el avance real de las soluciones.
La discusión también vuelve a poner sobre la mesa
