El proyecto de “Contrato por horas” continúa bajo análisis de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio de una discusión que ha reactivado el debate sobre nuevas formas de contratación en Chile. La iniciativa busca incorporar una modalidad de jornada parcial que permita pactar un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, con el objetivo de adaptarse a rubros donde la demanda de personal suele variar, como el comercio, el turismo o la gastronomía.
La propuesta, que ingresó al Congreso en 2018 durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, permaneció sin avances durante años. Su tramitación volvió a tomar impulso el 23 de junio pasado, cuando el gobierno de José Antonio Kast le otorgó urgencia legislativa, en el marco de una estrategia para enfrentar los altos niveles de desempleo, que entre junio y agosto llegaron al 9,6%.
Pese a ese respaldo, el proyecto no ha estado exento de cuestionamientos. Desde la oposición y desde distintos gremios de trabajadores han advertido que la medida podría generar incertidumbre laboral. En contraste, sus defensores sostienen que se trata de una herramienta que entrega mayor flexibilidad a la hora de contratar.
Según el texto ingresado al Senado, la nueva norma mantendría resguardos sobre derechos previsionales y laborales básicos. También fija límites claros para la jornada, al establecer que las horas pactadas no podrán superar las 30 semanales ni las 120 mensuales. Además, cada hora trabajada deberá pagarse al menos al doble del valor por hora del ingreso mínimo mensual, que es de 553.553 pesos, equivalentes a unos 570 dólares, cifra que actualmente ronda los 3.075 pesos por hora, es decir, 3,16 dólares.
El proyecto también contempla que el empleador informe los horarios con una anticipación mínima de 24 horas, aunque el Ejecutivo evalúa extender ese plazo. A ello se suma una disposición que obliga a la empresa a pagar un porcentaje de las horas acordadas si no utiliza la totalidad del tiempo pactado, con un mínimo contemplado de 75%.
Entre quienes respaldan la iniciativa, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha defendido el proyecto como una de las herramientas centrales para enfrentar la desocupación. Según ha planteado, la propuesta se enmarca en el concepto de “flexiseguridad”, que busca compatibilizar flexibilidad laboral con la mantención de cotizaciones previsionales, seguro de cesantía y cobertura de salud.
En la misma línea, en junio pasado el gerente general de Vertical Hunter, Francisco González, sostuvo que esta modalidad abre una oportunidad para contratar personal especializado en determinadas áreas cuando las empresas no cuentan con recursos para incorporarlo por un mes completo.
