La representación vecinal del Distrito 6 de Tarija presentó un proyecto de ley municipal con el propósito de obligar al Ejecutivo edil a socializar y cumplir el Plan Operativo Anual (POA) desde los barrios, en un contexto de reclamos por la falta de participación ciudadana en la definición del presupuesto y la programación de obras.
Jesús Mamani, representante vecinal del distrito, explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos de control y seguimiento para que las juntas vecinales conozcan con anticipación las obras, proyectos y programas previstos para cada gestión. Según señaló, también se pretende que el alcalde y las unidades municipales responsables rindan cuentas sobre el avance físico y financiero de las inversiones comprometidas.
El planteamiento surge mientras el Gobierno Municipal de Tarija avanza en la elaboración y aprobación del POA 2027. De acuerdo con la dirigencia vecinal, ese proceso se estaría desarrollando sin una consulta suficiente a los habitantes de los barrios, lo que, a su juicio, impide que las necesidades de las zonas sean incorporadas de manera efectiva en la planificación municipal.
El reclamo se centra en la ausencia de espacios de deliberación directa con los vecinos. Las organizaciones barriales sostienen que la planificación no debería limitarse a reuniones con dirigentes o representantes sectoriales, sino incluir una socialización territorial con información detallada sobre los recursos disponibles, las obras priorizadas y los plazos de ejecución.
En ese marco, el proyecto de ley propone que el municipio establezca un procedimiento obligatorio para la elaboración del POA. Ese mecanismo contemplaría reuniones en los distritos, presentación de propuestas vecinales, publicación de los proyectos priorizados y seguimiento periódico a su cumplimiento.
La iniciativa también apunta a evitar que las obras aprobadas queden únicamente registradas en documentos presupuestarios sin llegar a ejecutarse. Para ello, se plantea que el Ejecutivo municipal informe de manera regular sobre el estado de cada proyecto, los contratos suscritos, los desembolsos realizados y las razones que expliquen eventuales retrasos o paralizaciones.
La dirigencia del Distrito 6 cuestionó además los resultados de los POA correspondientes a las gestiones 2025 y 2026. Mamani afirmó que ambos programas no habrían generado obras ejecutadas en beneficio de los barrios de la zona, situación que atribuyó a deficiencias en la planificación y a la falta de control sobre el cumplimiento de los compromisos municipales.
El reclamo se da en medio de demandas vecinales acumuladas en distintos sectores de Tarija. Las juntas barriales suelen plantear mejoras en vías, alumbrado público, drenaje pluvial, áreas verdes, seguridad ciudadana, mantenimiento de unidades educativas y ampliación de servicios básicos. Sin embargo, la ejecución de esos proyectos depende de la disponibilidad presupuestaria, la conclusión de los procesos de contratación y la capacidad operativa de las reparticiones municipales.
En gestiones anteriores, la aprobación del POA ya generó observaciones de organizaciones sociales que reclamaron mayor transparencia en la distribución de recursos. En algunos casos, los vecinos denunciaron que proyectos priorizados en reuniones barriales fueron modificados o excluidos durante la etapa de consolidación del presupuesto.
Aunque la normativa municipal establece la participación de la sociedad civil en la planificación pública, las organizaciones vecinales consideran que las disposiciones actuales no garantizan un control suficiente. Por esa razón, el proyecto presentado busca convertir la socialización del POA en una obligación concreta, con responsabilidades definidas para las autoridades y funcionarios.
La propuesta también pretende que la población acceda a información comprensible sobre el presupuesto. Los dirigentes sostienen que los documentos municipales suelen presentar cifras técnicas que dificultan conocer cuánto dinero se asigna a cada obra, qué empresa está a cargo, cuándo debe concluir el proyecto y cuál es el porcentaje de avance.
Ahora, la iniciativa deberá ser revisada por el Concejo Municipal de Tarija, instancia que tendrá que analizar su viabilidad legal, financiera y administrativa. Si el proyecto avanza, los concejales deberán definir si corresponde aprobar una nueva norma, modificar reglamentos existentes o incorporar disposiciones específicas en el procedimiento de elaboración del POA.
El debate también podría extenderse a la forma en que se evalúa el cumplimiento de los programas anuales. Una de las alternativas planteadas por sectores vecinales es que la aprobación del siguiente POA esté acompañada por un informe público sobre el nivel de ejecución del presupuesto anterior, de modo que las autoridades expliquen qué proyectos fueron concluidos, cuáles quedaron pendientes y qué recursos no fueron utilizados.
La falta de ejecución presupuestaria puede responder a distintas causas, entre ellas problemas en los procesos de contratación, observaciones técnicas, conflictos legales, falta de
