Un documento de imputación formal expone la presunta existencia de una red criminal que, desde el Ministerio Público, habría brindado protección al narcotraficante Sebastián Marset a cambio de pagos mensuales que podían llegar hasta los 500.000 dólares. En esa causa aparecen involucrados Roger Mariaca, Martín Irusta, Alberto Zeballos y Rubén Aparicio, entre otros.
De acuerdo con el contenido del documento, la investigación tomó impulso el 1 de octubre, cuando la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico detectó la circulación de un video en redes sociales en el que Marset afirmaba que Mariaca era su amigo, al igual que el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo y Rubén Aparicio. A partir de ese material, la Policía aprehendió a Aparicio en La Paz y le secuestró dinero, joyas, documentos personales y un teléfono celular iPhone 17 Pro Max.
Ese mismo 1 de octubre, un operativo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, terminó con la aprehensión de Roger Rider Mariaca Montenegro y Alberto Zeballos Flores. A Mariaca le fueron secuestrados 2.100 dólares, 19.850 bolivianos, dos dispositivos iPhone 17 Pro y Pro Max, un iPad Pro, joyas de valor y una mochila. En el caso de Zeballos, la Policía encontró 11.280 bolivianos, joyas de oro, dispositivos pendrive USB, una laptop Microsoft y un pin institucional de la Fiscalía.
La situación de Martín Daniel Irusta Flores se produjo un día antes, cuando fue aprehendido en flagrancia en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Sucre, justo cuando, según el documento, intentaba extraer y sustraer expedientes y documentación confidencial vinculada al caso con el objetivo de borrar el rastro documental e institucional.
El texto también recoge que, según los antecedentes expuestos por la comisión de fiscales, la estructura delictiva habría funcionado como una organización criminal dedicada a brindar cobertura y alquiler de protección a Marset, quien pagaba sumas de hasta 500.000 dólares mensuales. Ese dinero, siempre según la imputación, le permitía evadir operativos de captura policial.
Además, el documento sostiene que Mariaca, durante su gestión como Fiscal Departamental de Santa Cruz y luego como Fiscal General del Estado, designó de manera directa y sin convocatoria a Martín Irusta como Fiscal Superior en Recursos Humanos el 5 de febrero de 2026, pese a sus antecedentes por enriquecimiento ilícito. En esa misma lógica, Aparicio aparece identificado como el brazo de protección policial en Santa Cruz, mientras que Irusta habría operado como contención dentro del Ministerio Público.
Mariaca, Irusta, Aparicio y Zeballos fueron imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
