El Banco Central de Paraguay intervino este martes Ueno Bank, entidad vinculada al presidente Santiago Peña, en medio de una grave insuficiencia de capital que dejó a sus ahorristas sin acceso inmediato a sus depósitos y desencadenó una crisis que horas más tarde provocó la renuncia del titular del organismo regulador, Carlos Carvallo.
La medida fue adoptada, según explicó el Banco Central en un comunicado, con el objetivo de “proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”. La entidad agregó que los servicios del banco quedaron suspendidos mientras las autoridades organizan la devolución de los depósitos. Casi la mitad de los 6,4 millones de paraguayos tiene cuenta en Ueno Bank, que además administra sumas millonarias de pensiones y otras partidas estatales.
Carvallo, quien había presidido la financiera Ueno antes de asumir al frente del Banco Central de Paraguay en 2023, adelantó durante la mañana del martes que renunciaría en los próximos días, aunque sostuvo que permanecería en el cargo durante la investigación. Más tarde formalizó su dimisión ante el Poder Ejecutivo y la comunicó también en una nota al Senado a la que tuvo acceso la AFP.
“Dar un paso al costado creo que es una contribución para aminorar los ruidos y permitir que el Banco Central del Paraguay y mis colegas (…) puedan desarrollar su trabajo sin la interferencia de las discusiones de carácter político, mediático”, señaló.
Antes de que se concretara su salida, el presidente Peña había pedido públicamente su renuncia “ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día”, según publicó en X.
La intervención bancaria tuvo un impacto inmediato entre los clientes. En Asunción se registraron largas filas de personas frente a las sucursales de Ueno Bank en busca de retirar su dinero. El Banco Central informó que quienes tengan depósitos congelados en la entidad recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.675 dólares.
La tensión también se trasladó a las calles. Al final de la tarde del martes, decenas de personas se manifestaron en el centro de Asunción con pancartas que exigían “Juicio político a Santi Peña”. El sistema bancario electrónico ya presentaba fallas desde el lunes, y las operaciones de pequeños ahorristas quedaron bloqueadas.
“Perdí los ahorros de toda mi vida, solo tengo 8.000 guaraníes (casi un dólar). Todos deben ir presos”, dijo entre lágrimas a la AFP Marcelino Vergara, de 68 años, mientras participaba de la protesta.
El caso también abrió un frente político de alto voltaje. Peña, que asumió en 2023 con mandato hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba Ueno Bank y se despegó de ellas en 2025. El senador opositor Rafael Filizzola afirmó a la AFP que el daño supera los 3.000 millones de dólares y sostuvo que la oposición trabaja en un texto acusatorio para impulsar una eventual destitución del mandatario.
Filizzola aseguró que el presidente “tiene participación directa” porque, según dijo, “hay un mecanismo que se montó ya antes de que él asumiera el gobierno”. Añadió que luego “relajó los mecanismos de leyes anticorrupción, se creó el banco (Ueno) en el que él era accionista y luego renunció ante presiones”. También acusó que “al banco se direccionaron casi todos los recursos públicos y ahorros del Estado” y que su vinculación con el escándalo es “directa”.
En medio de la crisis, Peña suspendió un viaje previsto a Madrid para participar en la 30ª Cumbre Iberoamericana.
La Justicia paraguaya, por su parte, ordenó la detención de ocho directivos del banco, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, quien se entregó a la policía en la tarde del martes. Su abogado, Víctor Dante Gulino, afirmó a medios locales que Vázquez decidió someterse a la Justicia y lo trasladó en su vehículo hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción.
“Él quiere someterse a la justicia”, declaró el defensor.
Desde esa dependencia, el comisario Hugo Grance indicó que Vázquez será alojado “en una de las dos celdas de seguridad” disponibles y que se informará al Ministerio Público para que disponga su destino final.
