Bolivia enfrenta una de las etapas más delicadas de su historia hidrocarburífera. Las reservas probadas de gas natural, que en 2013 alcanzaban 10,45 trillones de pies cúbicos (TCF), se encaminan a cerrar 2025 en torno a 3,7 TCF, según la estimación difundida por YPFB. En noviembre se espera una nueva certificación encargada a GLJ Ltd., un dato que actualizará el panorama, aunque no resolverá por sí solo la gran incógnita: cuánto gas podrá producir el país en los próximos años y con qué margen sostendrá su economía.
La caída no es nueva. Bolivia llegó a presentarse como una potencia gasífera regional, abasteció durante años a Brasil y Argentina y construyó buena parte de sus ingresos públicos sobre la exportación de hidrocarburos. Ese ciclo alcanzó su punto más alto en 2016 y desde entonces la declinación ha sido constante. El debate político, además, se ha movido entre extremos: unos sostienen que ya no queda gas y otros afirman que todavía existe “mucho gas”. Entre ambas posiciones, el dato duro es que el país lleva más de una década produciendo más de lo que logra reponer mediante nuevos descubrimientos y desarrollo de campos.
Las cifras muestran con claridad ese retroceso. En 2013, la certificación realizada por la canadiense GLJ estableció 10,45 TCF. En 2018, la consultora Sproule reportó 10,7 TCF, aunque esa cifra fue cuestionada técnicamente. Luego, durante varios años, Bolivia dejó de realizar certificaciones externas y recurrió a estimaciones. En 2023 se hablaba de 4,5 TCF y, ya bajo la administración de Rodrigo Paz con Yusseff Akly al frente de la estatal petrolera, YPFB informó en marzo de 2026 que las reservas probadas rondaban los 3,7 TCF, descontado el consumo hasta el cierre de 2025.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció el 30 de octubre que la nueva certificación se conocerá durante la primera semana de noviembre o, como máximo, en diez días. La autoridad admitió que las reservas actuales no alcanzan y señaló que recuperar la capacidad productiva tomará varios años. La actualización será relevante, pero no cambia por sí sola la realidad de fondo: la diferencia entre tener gas en el subsuelo y poder producirlo de manera sostenida.
Ese matiz es central para entender la crisis. Las reservas probadas son volúmenes cuya existencia y recuperación comercial están suficientemente confirmadas. Las probables y posibles tienen distintos niveles de incertidumbre. Los recursos potenciales, en cambio, son volúmenes que podrían existir, pero que aún requieren perforaciones, estudios y evaluación económica. En el discurso hidrocarburífero boliviano, esas categorías se han mezclado con frecuencia. Cada gobierno ha presentado grandes cifras de potencial como promesas de futuro, aunque el país no ha logrado convertirlas en reservas probadas ni en producción estable.
La producción alcanzó su máximo en 2014, con 59,64 millones de metros cúbicos diarios. Ese mismo año comenzó un declive de precios que el gobierno de Evo Morales intentó compensar con mayores volúmenes de exportación, acelerando el agotamiento. En 2019 la producción había bajado a 45,36 millones; en 2023, a 35,97 millones; y en 2025 llegó a 27,34 millones. La caída supera la mitad del pico histórico. Para 2026, YPFB proyecta un promedio de 26,66 millones de metros cúbicos diarios.
La propia estatal ha trazado además un escenario que anticipa una reducción progresiva: 24,17 millones diarios en 2027, 21,22 millones en 2028, 18,79 millones en 2029 y 16,62 millones en 2030. Se trata de una proyección técnica construida sobre un escenario de reservas probadas y declinación, no de una certeza, pero sí de una advertencia sobre el riesgo de no incorporar nuevos campos a tiempo.
A esa presión se suma el mercado interno, que consume cada vez más de la producción disponible. En 2024 se comercializaron 3.889 millones de metros cúbicos dentro del país, equivalentes a un promedio de 10,65 millones diarios. Ese volumen cubre hogares, industrias, comercios, transporte y,
