Las autoridades de Santa Cruz rechazaron la propuesta del Gobierno nacional de otorgar apenas un 1% de coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales y exigieron que se cumpla el compromiso de avanzar de forma gradual hasta llegar al 15% en 2031. El planteamiento fue expuesto en un pronunciamiento conjunto encabezado por el gobernador Juan Pablo Velasco y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quienes consideraron insuficiente la oferta oficial para atender las necesidades del departamento.
La posición cruceña se enmarca en la demanda regional de una redistribución fiscal más amplia, bajo la lógica del 50-50 en la administración de los recursos públicos. Según la información difundida por Unitel, las autoridades departamentales y cívicas sostienen que la propuesta remitida por el Ministerio de la Presidencia no responde al esquema autonómico que Santa Cruz viene reclamando desde hace tiempo.
Uno de los puntos centrales del rechazo es el impacto económico de la medida. De acuerdo con los datos expuestos por la Gobernación, el 1% ofrecido por el Ejecutivo representaría alrededor de 150 millones de bolivianos al año para Santa Cruz, una cifra que, a juicio de Velasco, resulta insuficiente frente al volumen de gasto que asume el aparato central. En sus declaraciones, el gobernador comparó ese monto con los más de 3.600 millones de bolivianos que, según señaló, destinan anualmente las empresas públicas con déficit operativo únicamente a sueldos y costos administrativos.
El pronunciamiento también recuperó los compromisos asumidos en agosto en Sucre durante una reunión con el presidente Rodrigo Paz. En ese encuentro, según recordó la representación cruceña, se sentaron las bases para avanzar hacia un nuevo modelo autonómico. Sin embargo, el anuncio del 1% fue recibido como un retroceso frente a esas conversaciones, además de generar observaciones por la intención de condicionar la asignación al financiamiento de ítems de personal que, de acuerdo con la Gobernación, ya están bajo su administración.
Cochamanidis, por su parte, insistió en que la redistribución fiscal del 50-50 es el eje para fortalecer el modelo autonómico. Afirmó que contar con una mayor administración directa de los recursos permitiría dar respuesta a problemas urgentes en salud, educación y seguridad ciudadana, y comparó esta demanda con otras conquistas históricas de la región, como la obtención del 11% de las regalías petroleras.
En medio de esta tensión, el Gobierno nacional anunció que el 3 de noviembre remitirá formalmente el anteproyecto de la “Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales”. Una vez enviado el documento, las gobernaciones tendrán hasta el 4 de noviembre para presentar sus observaciones y sugerencias finales sobre la propuesta.
