Seis de las nueve gobernaciones del país se declararon este jueves en estado de alerta y exigieron al Gobierno nacional avanzar hasta el 31 de octubre en una agenda de medidas orientada a fortalecer las finanzas departamentales y concretar la redistribución de recursos bajo la fórmula 50/50, según informó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco.
La declaración fue asumida durante la reunión de gobernadores realizada en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en la plaza 24 de Septiembre, en el marco de los actos por el aniversario cívico departamental. En el encuentro participaron de manera presencial Velasco, Luis Revilla, de La Paz; María René Soruco, de Tarija; Luis Ayllón, de Chuquisaca; Édgar Sánchez, de Oruro; y Leonardo Loza, de Cochabamba.
El documento aprobado por las autoridades departamentales ratifica que la distribución 50/50 de los ingresos fiscales es, para las gobernaciones, el punto de partida para avanzar hacia una mayor autonomía fiscal. Además, plantea que el Gobierno incorpore desde 2027 la coparticipación tributaria para las gobernaciones, sin afectar los ingresos de los municipios, las autonomías indígena originario campesinas ni las universidades públicas.
Velasco también reclamó que se active de inmediato el cronograma acordado el 5 de agosto con el presidente Rodrigo Paz para poner en marcha el Programa de Readecuación Financiera Territorial (PRFT), que contempla la reprogramación de deudas y la asignación de nuevos recursos para recuperar el equilibrio fiscal de las gobernaciones.
Entre las demandas expuestas figura también la aprobación de normas sobre la distribución de recursos, la devolución del 12% del IDH, la promulgación de la Ley de Retorno Económico y la eliminación de obligaciones que, según las gobernaciones, corresponden al nivel central del Estado.
Otro de los puntos planteados está vinculado con el incremento del costo del diésel tras la eliminación de la subvención. En ese marco, los gobernadores pidieron compensaciones del Tesoro General de la Nación por el mayor gasto en combustible destinado a servicios departamentales, especialmente caminos, salud y operación de maquinaria.
“Nuestra causa principal es el 50-50”, afirmó Velasco, quien sostuvo que las mesas técnicas seguirán trabajando y advirtió que las gobernaciones no dejarán de reunirse hasta lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos.
La declaración establece el 31 de octubre de 2026 como plazo para cumplir los puntos planteados y ratifica el estado de alerta de las gobernaciones.
