Impuestos Nacionales remitió un primer bloque de 65.843 casos a la Contraloría General del Estado para viabilizar el levantamiento de restricciones en la emisión de Solvencias Fiscales, en el marco de la Ley 1733 de Alivio Tributario. La medida alcanza a 55.708 personas jurídicas y 10.135 personas naturales, cuyos procesos serán revisados a través del sistema CONTROLEG para que se proceda, dentro de las competencias de la Contraloría, a la regularización correspondiente.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa conjunta por el gerente general de Impuestos Nacionales, Albar Derpic Linares, y la contralora general del Estado interina, Sandra Quiroga Solano. Ambos destacaron que el beneficio del alivio tributario se concreta plenamente cuando dejan de aplicarse medidas coercitivas o restricciones administrativas que afectan la actividad laboral y económica de los contribuyentes.
Derpic señaló que, antes de la aplicación de la Ley 1733, la Administración Tributaria había acumulado 333.095 casos remitidos a la Contraloría, de los cuales 188.927 correspondían a personas naturales y 144.168 a personas jurídicas, lo que impedía el trámite y la emisión de la Solvencia Fiscal. Explicó además que los beneficiarios de este primer envío podrán actualizar su situación y, con ello, solicitar ese documento para retomar operaciones contractuales con el Estado, trámites públicos e iniciativas comerciales.
La contralora interina indicó que, en el marco de esta coordinación, la institución aplicará los efectos que correspondan en aquellos casos en los que la regularización tributaria incida sobre situaciones, observaciones o procesos sujetos a su competencia.
Derpic precisó que esta remisión inicial de más de 65.000 casos continuará incrementándose conforme la Administración Tributaria emita nuevos Autos de Conclusión por Condonación y más contribuyentes concreten sus planes de Facilidades de Pago dentro del esquema previsto por la Ley de Alivio Tributario.
Ambas instituciones remarcaron que la articulación técnica busca evitar que una obligación fiscal ya condonada o regularizada siga generando restricciones que no corresponden legalmente. Con ello, se pretende que las personas naturales y jurídicas no solo resuelvan su situación impositiva, sino que también recuperen la posibilidad de operar y trabajar sin limitaciones administrativas.
