La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia dispuso el inicio de una investigación contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad en el marco del caso conocido como “terrorismo”, un proceso originado en hechos ocurridos durante su gobierno en 2009.
La decisión fue anunciada en Sucre por el presidente de esa instancia, Carlos Ortega, quien explicó en rueda de prensa que se emitió la resolución de apertura de la etapa de investigación no solo contra Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, sino también contra su entonces vicepresidente, Álvaro García Linera. Ortega añadió que el TSJ ordenó que ambos sean notificados en un plazo de 72 horas sobre el inicio de esta fase.
De acuerdo con lo señalado por el magistrado, el plazo de 30 días de la investigación preliminar ya está en curso y, una vez concluido, será el Ministerio Público el que emita la resolución que corresponda en esta etapa del proceso.
La acusación fue presentada en octubre por parlamentarios del partido opositor Libre ante la Fiscalía, con el objetivo de impulsar un juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera. La denuncia los vincula con supuestas ejecuciones sumarias, detenciones ilegales y torturas relacionadas con el caso “terrorismo”.
Los hechos se remontan a abril de 2009, cuando una operación policial en un hotel de Santa Cruz terminó con la muerte de tres extranjeros, entre ellos el irlandés Michael Dwyer, y con la detención del croata-boliviano Mario Tadic y del húngaro Elöd Tóásó. Todos ellos fueron acusados por el Gobierno de Morales de integrar una célula terrorista que, según esa versión, buscaba promover la secesión de Santa Cruz y atentar contra el entonces mandatario.
En 2015, Tadic y Tóásó aceptaron someterse a un proceso abreviado y recibieron una condena de cinco años y diez meses de prisión por alzamiento armado con fines secesionistas. Tras cumplir la pena, ambos dejaron Bolivia alegando temor por su seguridad y posteriormente presentaron demandas contra el Estado ante organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Las 39 personas procesadas dentro de este caso sostuvieron que la causa fue impulsada por el Gobierno de Morales con fines políticos, con el propósito de silenciar a dirigentes opositores de Santa Cruz.
El proceso fue cerrado en 2020, luego de que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, entre 2019 y 2020, retirara la acusación particular a través del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y la Fiscalía hiciera lo mismo con la acusación pública, lo que derivó en el archivo del caso.
Más adelante, en 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe a solicitud de la madre de Dwyer en el que concluyó que el Estado boliviano era responsable por la vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de los afectados.
