El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, anunció la puesta en marcha de una auditoría judicial inmediata respecto al proceso que involucró al actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch. Esta medida surge tras las recientes declaraciones del ministro en las que denunció presuntas torturas y manipulación en el procedimiento judicial que lo afectó. Paralelamente, se inició una investigación urgente en relación al comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, luego de que un fallo constitucional emitido por la Sala Constitucional del Beni no fuera ejecutado ni por el Ministerio Público ni por la instancia disciplinaria policial, a pesar de su carácter vinculante.
En cuanto al caso del ministro de Justicia, Baptista describió ambos episodios como “escandalosos para la justicia boliviana”. En particular, señaló que en el expediente judicial que involucró a Vidovic Falch, un juez habría dictado sentencia en un contexto cuestionable. Según el presidente del Consejo, tanto el ministro como un fiscal manifestaron públicamente que se habrían producido torturas, privaciones ilegales de libertad y manipulación en el proceso para obtener una sentencia. Por esta razón, se ordenó a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz revisar exhaustivamente el expediente para confirmar si la sentencia fue producto de coacciones o torturas durante un procedimiento abreviado.
Baptista enfatizó que, según la información disponible, la firma del acuerdo no habría sido un reconocimiento de culpabilidad, sino una acción para preservar la vida del acusado. Recalcó que ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas de culpabilidad y que, a pesar del tiempo transcurrido, es fundamental revisar el proceso para erradicar cualquier tipo de injerencia indebida sobre los jueces y evitar la repetición de prácticas que vulneren la independencia judicial.
Respecto al caso del comandante Russo, el titular del Consejo de la Magistratura informó que, tras una declaración del vicepresidente, se detectó que una resolución constitucional dictada por la Sala Constitucional del Beni, que ordenaba el inicio de un proceso penal y disciplinario en contra del oficial, no fue ejecutada. En condiciones regulares, este tipo de resoluciones deben ser acatadas de inmediato por el Ministerio Público para activar los procedimientos correspondientes, pero en esta ocasión no se dio cumplimiento ni al proceso penal ni al disciplinario, situación que fue calificada como inaceptable.
Baptista advirtió que cualquier persona que haya intervenido para impedir la ejecución de la sentencia constitucional habría cometido un delito, subrayando que la ley debe prevalecer sin influencias externas. En consecuencia, se ordenó a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura en el Beni realizar una investigación inmediata para esclarecer los motivos de la omisión y establecer responsabilidades.
Finalmente, el presidente del Consejo adelantó que, de confirmarse irregularidades en el proceso judicial que afectó al ministro de Justicia, se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes con carácter ejemplar. En relación con el caso del comandante Russo, aseguró que, si se detectan indicios de responsabilidad penal o administrativa, se activarán las acciones legales pertinentes y se gestionarán las denuncias a través de la Unidad Nacional de Transparencia
