Bolivia, clasificado como un país de ingreso medio, aún mantiene capacidad para contraer deuda, según indicó Fernando Jiménez, viceministro de inversión pública y financiamiento externo. El funcionario destacó que los recursos obtenidos a través de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) serán destinados a proyectos de inversión pública que resulten beneficiosos y rentables para el país.
Jiménez señaló que, conforme a los indicadores internacionales, Bolivia se encuentra por debajo de los niveles de referencia en términos de solvencia, los cuales rondan el 40%. Actualmente, la relación deuda-PIB del país está en un 23%, lo que implica un margen de aproximadamente 17 puntos porcentuales para incrementar su endeudamiento sin comprometer su estabilidad financiera. Esto refleja una posición de endeudamiento que puede considerarse manejable.
Según datos del Banco Central de Bolivia al cierre de noviembre del año pasado, la deuda pública externa totalizó 13.705 millones de dólares. No obstante, el indicador clave para evaluar la capacidad de pago del país es el ratio entre esta deuda y el Producto Interno Bruto (PIB), que se mantiene en un nivel prudente.
El viceministro enfatizó que la prioridad no es simplemente aumentar la deuda, sino asegurar que los fondos sean utilizados de manera productiva. Para ilustrar esta idea, comparó el endeudamiento estatal con el uso responsable de una tarjeta de crédito en el ámbito familiar: si el crédito se emplea para gastos que generen ingresos futuros, el endeudamiento resulta positivo; en cambio, si se destina a consumos improductivos, puede ser perjudicial.
En este contexto, el Gobierno actual busca distanciarse de prácticas anteriores que llevaron a la ejecución de proyectos de inversión pública sin una adecuada evaluación técnica ni criterios de rentabilidad. Como ejemplo, mencionó la construcción de una planta procesadora de limones en una zona alejada de las áreas productoras, lo que incrementó significativamente los costos logísticos. También se refirió a plantas industriales que no consideraron la disponibilidad de energía eléctrica, elevando los gastos operativos posteriores.
Finalmente, Jiménez afirmó que los proyectos de inversión pública serán gestionados bajo un marco normativo estricto, cumpliendo con los requisitos técnicos, sociales, ambientales y legales establecidos en el reglamento básico de inversión. De esta manera, se busca garantizar la eficiencia y sostenibilidad de las iniciativas financiadas con los recursos públicos
