La sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que se trató la ampliación del estado de excepción por 90 días estuvo marcada por un ambiente de tensión, cruces verbales y cuestionamientos que se prolongaron durante varias horas y terminaron recién en la madrugada, cuando el pleno aprobó la medida con 100 votos de los 158 legisladores presentes.
Uno de los episodios más tensos se produjo durante la intervención de una diputada, cuando el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió al presidente de la Asamblea y vicepresidente del Estado, Edmand Lara, que pusiera orden en el hemiciclo. La solicitud desató reclamos entre los legisladores y obligó a Lara a intervenir para recordar que los parlamentarios tenían derecho a formular preguntas y recibir respuestas antes de emitir su voto. “Usted, ministro, tiene que respetar acá su papel”, le dijo Lara, mientras desde la testera se insistía en mantener el orden y dar continuidad a la sesión.
El debate también giró en torno al plazo de 90 días aprobado para la ampliación. El senador de Libre, José Ormachea, anunció que su bancada realizará una fiscalización permanente durante la vigencia de la medida y recordó que habían planteado una extensión de 60 días, con el objetivo de permitir el tratamiento de una eventual reforma constitucional. “Nosotros vamos a empezar a fiscalizar en cada segundo y en cada instante lo que vaya a ocurrir durante esta ampliación de los 90 días”, afirmó.
Desde el Ejecutivo, los ministros de Gobierno y Defensa, Marco Antonio Oviedo y Ernesto Justiniano, defendieron la continuidad del estado de excepción y presentaron informes para respaldar su pedido. Oviedo explicó que se remitieron 12 informes técnicos: ocho elaborados por la Policía, dos por el Ministerio de Gobierno, uno por las Fuerzas Armadas y uno por el Ministerio de Defensa. De acuerdo con la exposición oficial, esos documentos identifican factores de riesgo que podrían derivar en nuevos episodios de conflictividad, entre ellos amenazas públicas, bloqueos focalizados y conflictos relacionados con la delincuencia organizada. También se mencionaron limitaciones de la Policía en personal, equipamiento y logística para responder a conflictos simultáneos.
Justiniano, por su parte, sostuvo que la vigencia de la medida permitió una reducción de los bloqueos, aunque aclaró que las causas que originaron la conflictividad no desaparecieron por completo. “Pensamos que el estado de excepción es la respuesta a todas las medidas de seguridad. En realidad no es así, ayuda bastante, aumenta las capacidades que podemos tener para responder en el país, pero hay otras medidas también que son importantes, por ejemplo, el diálogo”, señaló el ministro de Defensa.
Otro de los momentos que generó observaciones fue cuando Oviedo se refirió a la dificultad de encontrar efectivos policiales que no hayan tenido algún vínculo con anteriores gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Es muy difícil encontrar gente que no haya pasado por la gestión del MAS”, afirmó al explicar las complicaciones para desmontar estructuras que, según dijo, se consolidaron durante 20 años.
Finalmente, tras una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ampliación del estado de excepción por 90 días, con vigencia hasta diciembre.
