El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley N° 1774, mediante la cual se aprueba un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares, recursos destinados al “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”. La iniciativa busca completar el registro catastral de 13,3 millones de hectáreas que aún están pendientes, con el propósito de reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad rural, impulsar un uso sostenible de la tierra y mejorar la eficiencia del sistema catastral.
De acuerdo con la información difundida por el BID en su página web, el financiamiento también contribuirá a reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo en los predios que sean incorporados al catastro ambiental y rural. La entidad sostiene que, además de incrementar la certeza sobre los derechos de propiedad, el préstamo aprobado por su directorio ejecutivo permitirá avanzar en objetivos vinculados con la gestión territorial y ambiental.
Aunque el BID aprobó este préstamo en 2024, fue recién en 2026 cuando la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional y el nuevo presidente completaron los pasos legales y administrativos necesarios para formalizar la operación y habilitar el desembolso de los recursos. Según el organismo multilateral, Bolivia ha logrado avances importantes en la regularización de la propiedad rural, al punto de que el proceso de catastro, saneamiento, titulación y registro de tierras rurales se encuentra ya en su etapa final.
La entidad financiera también destaca que las transformaciones registradas en la estructura de la tenencia de la tierra durante los últimos 30 años ayudaron a reducir las brechas de acceso para pequeños propietarios y comunidades indígenas. En ese marco, el programa financiado por el BID prevé el fortalecimiento institucional y la consolidación del sistema nacional de administración de tierras, tomando en cuenta que los procesos de reforma agraria en la mayoría de los países, incluido Bolivia, suelen ser complejos.
Entre las acciones contempladas figura la actualización del marco legal, con la incorporación de normas orientadas a la resolución de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra. Asimismo, se modernizarán los sistemas de información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se digitalizarán sus archivos y expedientes, como parte del proceso de fortalecimiento técnico e institucional.
El préstamo tiene un plazo de amortización de 24 años y medio, con un período de gracia de 11 años y 8 meses. La Ley N° 1774, promulgada el 10 de septiembre de 2026, autoriza además al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a asumir el repago de las obligaciones que se generen por la ejecución del contrato de préstamo. (GOBCOM)
