Bolivia informó a la DEA sobre la ubicación de Sebastián Enrique Marset Cabrera 48 horas antes de su captura en Santa Cruz de la Sierra, ocurrida el 13 de marzo de 2026, en una operación que, según la versión oficial, se desarrolló sin la participación de agentes estadounidenses.
De acuerdo con la información difundida por El Deber, la comunicación entre las autoridades bolivianas y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos se produjo el 11 de marzo de 2026, después de que fuerzas de seguridad locales obtuvieran datos a través de una fuente de inteligencia. Ese reporte señalaba que el ciudadano uruguayo se encontraba en la capital cruceña y que existía la intención de detenerlo.
La detención se concretó en las primeras horas del 13 de marzo, en una mansión situada cerca del tercer anillo de la avenida Piraí. En un expediente judicial presentado por fiscales estadounidenses ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, se dejó constancia de que la DEA recibió información antes y después del procedimiento, aunque ningún agente de esa agencia estuvo presente ni intervino en la planificación o en la ejecución del operativo. La Fiscalía también sostuvo que el arresto se realizó sin disparos.
Después de la captura, la Policía Boliviana inspeccionó la propiedad donde estaba Marset y una vivienda contigua unida a la principal por un túnel subterráneo. Además, revisó una estructura cercana destinada a la escolta de seguridad del prófugo. En ese procedimiento fueron decomisados 26 dispositivos electrónicos. Más tarde, ese mismo 13 de marzo, las autoridades bolivianas entregaron formalmente a Marset y el material incautado a la custodia de la DEA.
La intervención generó cuestionamientos desde la defensa del detenido, cuyos abogados plantearon ante el tribunal que el operativo fue violento y que la policía local actuó como intermediaria de la agencia estadounidense. También sostuvieron que la ubicación de Marset respondió a un dispositivo GPS que, según su versión, la Policía Federal de Brasil habría colocado en octubre de 2025 en el equipaje de Susana C., pareja colombiana del detenido. En esa línea, pusieron en duda la legalidad del seguimiento al señalar que no había evidencias de una autorización judicial para ese rastreo.
Durante la redada, la ciudadana colombiana fue encontrada en la residencia junto a Marset, pero quedó en libertad porque no existía una investigación ni una orden de arresto en su contra. Frente a las objeciones de la defensa, la Fiscalía de Estados Unidos insistió en que la información que permitió la captura había sido proporcionada por las autoridades bolivianas el 11 de marzo y negó irregularidades en el accionar de la DEA.
