El Ejecutivo liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira ha anunciado una reestructuración profunda en la estrategia antidrogas de Bolivia, orientada a implementar un enfoque renovado para la medición, transparencia y reducción de los cultivos ilegales de hoja de coca. Esta nueva política también prioriza el fortalecimiento de la erradicación y la interdicción, además de reactivar la cooperación internacional con actores clave como Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas, con el objetivo de frenar el avance del crimen organizado.
Este cambio se dio a conocer tras la presentación del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El documento revela que la superficie cultivada alcanzó 34.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 10% respecto al año anterior, y confirma una sobreproducción que alimenta directamente a las redes de narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció que las cifras reflejan una permisividad estatal en el pasado reciente, derivada de una política que se enfocó casi exclusivamente en la interdicción y dejó de lado el control estructural de los cultivos. En sus declaraciones, enfatizó que el actual Gobierno afronta el problema sin negar la realidad ni recurrir a soluciones simplistas, descartando además políticas radicales y aisladas. En cambio, apuesta por un enfoque integral que combine erradicación prioritaria, interdicción, fortalecimiento del sistema judicial y cooperación internacional.
Uno de los elementos centrales de esta nueva estrategia es la incorporación de indicadores adicionales en el informe de la Unodc, que no se habían incluido en más de una década. Según explicó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, el Gobierno solicitó que el estudio contemple datos sobre el potencial de producción de cocaína, el volumen de hoja de coca fuera del mercado legal, la coca desviada hacia actividades ilícitas y la expansión de cultivos tanto en zonas autorizadas como no autorizadas.
El informe señala que, si toda la hoja de coca producida en 2024 se destinara a fines ilícitos, el potencial máximo de producción de cocaína alcanzaría las 394 toneladas métricas. Incluso descontando la coca comercializada legalmente, el potencial se mantiene en 223 toneladas métricas. En particular, en el Trópico de Cochabamba, el 91,5% de las 37.215 toneladas métricas de hoja de coca producidas en 2024 se destinó al mercado ilegal, lo que evidencia una fuerte vinculación con el narcotráfico.
En este contexto, la erradicación de cultivos ilegales recupera un papel central dentro de la política antidrogas, situándose al mismo nivel estratégico que la interdicción. El viceministro Justiniano destacó que la erradicación aborda la raíz del problema: la sobreproducción excedentaria de coca. Recordó que un estudio de mercado de 2013 estableció que el consumo lícito requería 14.705 hectáreas, pero que en 2017 se amplió la superficie legal a 22.000 hectáreas, decisión que, según el Gobierno actual, desbordó el sistema y favoreció al narcotráfico bajo un marco legal funcional.
Para ajustar esta situación, Bolivia ha solicitado a Naciones Unidas y la Unión Europea apoyo para realizar un nuevo estudio de mercado que determine con precisión la cantidad de coca necesaria para usos legales, lo que permitirá adecuar el marco normativo vigente.
En materia de cooperación internacional, el ministro Oviedo anunció que desde enero se iniciará una agenda intensa con Estados Unidos, centrada en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el control migratorio y el crimen transnacional. El ministro subrayó que el combate a estas actividades ilícitas debe darse en un marco global, ya que el delito trasciende fronteras. Además, informó que se han mantenido reuniones con la Unión Europea, Naciones Unidas y agencias policiales de Brasil, y se proyecta la llegada de expertos en lucha antidrogas para alinear a Bolivia con los avances científicos y tecnológicos internacionales.
El Gobierno también denunció que la difusión del informe de la Unodc fue objeto de retrasos deliberados en administraciones anteriores con el propósito de ocultar información sensible. El viceministro Justiniano aseguró que, durante el gobierno previo, la información fue manejada de forma hermética y restrictiva, mientras que la actual gestión apuesta por la transparencia, ampliando los datos y reincorporando indicadores clave que no se publicaban desde 2009. Por su parte, el coordinador regional de la Unodc destacó que se atendió la solicitud del Ejecutivo boliviano, aunque reconoció que la elaboración del informe enfrenta desafíos técnicos y sociales, particularmente en la recolección de datos georreferenciados.
El canciller Fernando Aramayo calificó la situación como uno de los desafíos más complejos en la historia reciente del país, señalando que el informe confirma la existencia de una estructura criminal arraigada durante dos décadas, sostenida por el aislamiento internacional. Destacó que el mercado ilegal mueve cerca de 2.000 millones de dólares anuales, principalmente en la Unión Europea, donde el kilo de cocaína alcanza un valor de 90.000 dólares. Ante este panorama, enfatizó la necesidad de actuar de manera inmediata para desmontar un narcoestado que ha socavado la institucionalidad.
Con la publicación del informe 2024 y el relanzamiento de la cooperación internacional, la administración de Paz Pereira busca establecer un punto de inflexión en la política antidrogas, reinstalando la erradicación, la transparencia y la corresponsabilidad internacional como pilares fundamentales de una estrategia integral contra el crimen organizado
