El Gobierno de Bolivia anunció este martes que solicitará apoyo de la cooperación internacional para auditar el proyecto de compra e instalación de un sistema de 13 radares de vigilancia civil y militar que, hasta ahora, no opera plenamente y por el que cuatro exministros de Defensa son investigados por un presunto daño económico millonario.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó a los medios que el Ejecutivo realiza un seguimiento judicial del caso y, al mismo tiempo, una revisión técnica sobre la puesta en marcha de los radares. En ese marco, indicó que se pidió ayuda internacional para contar con empresas y especialistas que permitan determinar con precisión cómo está funcionando el sistema y qué aspectos faltan para que opere de manera completa.
Justiniano subrayó que el objetivo es obtener un diagnóstico integral del estado actual de los radares para definir decisiones que permitan que el sistema funcione en su totalidad dentro de un plazo determinado. Según precisó, una primera auditoría interna concluyó que, de los 13 radares, dos funcionan con normalidad, nueve presentan observaciones y dos no están operativos.
El caso se originó en agosto de 2016, cuando el entonces gobierno de Evo Morales contrató a la empresa francesa Thales para instalar el sistema, con una inversión superior a los 200 millones de dólares. De acuerdo con la auditoría, el contrato inicial establecía un plazo de 31 meses para la entrega, pero ese periodo fue ampliado posteriormente mediante siete contratos modificatorios suscritos en distintas gestiones.
La demostración final del sistema se realizó 98 meses después de la firma del contrato. La auditoría citada por Justiniano detectó además un posible daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos, equivalentes a unos 126,5 millones de dólares, por lo que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó hace tres semanas una denuncia penal contra cuatro exministros de Defensa.
La acción judicial alcanza a Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, acusados de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Los cuatro ejercieron funciones entre 2016 y 2025: Ferreira y Zavaleta durante el gobierno de Morales, López en la administración transitoria de Jeanine Áñez y Novillo en el gobierno de Luis Arce.
Justiniano también informó que Novillo fue detenido la semana pasada y que la justicia dispuso su arresto domiciliario, medida que el Gobierno prevé apelar.
