Privados de libertad de la cárcel de Mocoví, en Trinidad, iniciaron una protesta dentro del recinto para exigir el pago del prediario, beneficio destinado a la alimentación que, según denuncian, no reciben desde hace aproximadamente seis meses. Ante la falta de una respuesta de Régimen Penitenciario, advirtieron que la medida de presión será indefinida.
La tensión en el penal derivó en la movilización de un contingente policial, cuyos miembros fueron recibidos a gritos por los reclusos, lo que provocó un enfrentamiento en el lugar. En medio de la protesta, los internos insistieron en que llevan meses reclamando el desembolso atrasado sin obtener una solución concreta.
“Estamos preocupados como internos, vamos solicitando a las autoridades correspondientes que se hagan cargo de los prediarios atrasados que venimos pidiendo. Son cinco meses, para seis que nos deben prediario”, reclamó uno de los reclusos.
Los internos aseguran que en las reuniones sostenidas con los responsables del penal solo han recibido promesas, pero no una cancelación efectiva de lo adeudado. También pidieron la intervención del gobernador de Beni y de la dirección de Régimen Penitenciario, a cargo de Yaneth Acosta, para que se gestione además el contrato para el suministro de agua. “No tenemos agua, no tenemos que comer”, expresó otro privado de libertad.
Según su denuncia, desde hace un mes y medio deben reunir dinero entre todos para comprar agua, lo que consideran insostenible. “Gastamos cuatro mil litros de agua. Y no puede ser que nosotros estemos sacando nuestro bolsillo para comprar agua”, señaló.
A los reclamos por el prediario y el agua se suma la falta de un vehículo para trasladar a pacientes enfermos en caso de emergencia o para llevar a los internos a sus audiencias, una situación que, de acuerdo con los protestantes, agrava las condiciones dentro de la cárcel.
“Es muy complicado y muy triste para nosotros ser abandonados por estas autoridades. Solicitamos que tomen cartas del asunto porque nosotros no vamos a suspender estas medidas de presión hasta que se nos cancele un máximo de tres meses o un mínimo de dos meses prediario”, afirmó uno de los internos.
La protesta y toma del recinto carcelario incorporó además un nuevo pedido: la renuncia de la directora de Régimen Penitenciario.
