La reciente decisión de eliminar la subvención a los combustibles, impulsada por el presidente Rodrigo Paz y respaldada por sectores productivos, ha generado una fuerte reacción en distintos ámbitos, especialmente en el transporte pesado y entre los propietarios de estaciones de servicio, quienes advierten sobre posibles desabastecimientos, problemas financieros y la posibilidad de protestas a nivel nacional.
En Santa Cruz, el representante del transporte pesado, Juan Yujra, manifestó que aunque inicialmente apoyaban la eliminación de la subvención debido a la escasez de combustible que afectaba sus operaciones, cuestionan la rapidez y la forma en que se implementó el aumento de precios. Yujra indicó que esperaban un ajuste gradual, con incrementos moderados de entre cinco y siete bolivianos por litro, acompañado de un diálogo más estrecho con los sectores involucrados. Subrayó que el salto de 3,70 a casi 9,80 bolivianos por litro representa un impacto considerable para el sector.
Por su parte, en La Paz, el líder del transporte pesado Pedro Quispe criticó duramente la medida, señalando que la escasez de combustible es un problema de larga data, pero que el aumento abrupto en los precios resulta insostenible para la población. Quispe destacó la caída en las tarifas de fletes, la falta de divisas y la paralización del transporte internacional como consecuencias directas de esta política. Además, anunció la posibilidad de iniciar paros escalonados en todo el país desde la próxima semana, en coordinación con otras organizaciones sindicales y la Central Obrera, en caso de que el Gobierno no revierta la medida.
A estas preocupaciones se suman las expresadas por la Asociación de Surtidores de Bolivia (Asosur), que alertó sobre una situación de insolvencia financiera en el sector debido al nuevo esquema de precios. Según un comunicado emitido por la gerencia general de Asosur, los márgenes y comisiones por litro de combustible, que ya habían sido reducidos durante décadas, se han desplomado con el reciente incremento, cubriendo apenas la mitad de los costos operativos. Esto pone en riesgo la continuidad del abastecimiento en las estaciones de servicio a nivel nacional.
Carla Zuleta, gerente general de Asosur, explicó que en Bolivia existen aproximadamente 700 estaciones de servicio privadas, de las cuales el 60% están afiliadas a la asociación, lo que evidencia la magnitud del impacto que enfrenta el sector. Aunque se registró un ligero aumento en las comisiones por litro, los márgenes de ganancia se redujeron significativamente: en la gasolina especial, el margen cayó de 4,94% a 3,26%; en el diésel oil, de 4,06% a 1,97%; y en el gas natural vehicular (GNV), de 51,72% a 31,53%.
Estas reacciones reflejan la complejidad y los desafíos que implica la eliminación de la subvención a los combustibles, que, aunque busca corregir distorsiones en el mercado, enfrenta resistencia por los efectos inmediatos que genera en sectores clave de la economía y el transporte
