En la Región Autónoma del Chaco, la reducción del monto destinado a la canasta alimentaria para adultos mayores en Yacuiba ha generado una fuerte controversia que desembocó en una denuncia por presunto acoso político contra el ejecutivo regional, José Ábrego. Esta situación surgió luego de que la legisladora regional Janeth Paredes realizara una fiscalización sobre la ejecución de este beneficio social y, posteriormente, recibiera supuestas amenazas.
La asambleísta regional María René Barrios manifestó su apoyo a Paredes y calificó las presuntas intimidaciones como un acto de cobardía por parte del ejecutivo. Además, anunció que se buscará establecer mecanismos que eviten que autoridades electas sean objeto de este tipo de presiones cuando cumplen funciones de control.
De acuerdo con Barrios, la problemática se originó durante el proceso de fiscalización al Gobierno Regional del Chaco, en el que se conoció, a través de dirigentes de personas mayores, la existencia de presiones para que firmen un documento solicitando la reducción del costo de la canasta alimentaria a 100 bolivianos. Este documento habría sido enviado a la Asamblea Regional para su consideración.
La legisladora advirtió que una carta firmada por un sector de los beneficiarios no puede prevalecer sobre lo establecido en la Disposición Normativa Regional (Dinore) N° 33, que regula el monto y la entrega de la canasta alimentaria. Criticó que el Ejecutivo haya tomado decisiones sin respetar esta normativa vigente.
Barrios también señaló inconsistencias en el informe presentado por el Ejecutivo, que indica la entrega de 12 canastas con un valor de 100 bolivianos cada una. Tras una revisión detallada de los productos incluidos y sus precios, afirmó que el costo real no superaría los 70 bolivianos.
Con documentación respaldatoria, la asambleísta comparó los precios de los productos de la canasta con los valores del mercado local. Por ejemplo, el arroz figura a 16 bolivianos en la canasta, mientras que en el mercado se encuentra a 12; la harina de trigo a 16 frente a 7 bolivianos; el azúcar blanca a 11 cuando su precio real es de 6; el trigo pelado a 13 comparado con 12; y el fideo a 17 frente a 10 bolivianos.
Barrios destacó que, como mujeres, conocen dónde y cómo se adquieren estos productos y que, generalmente, comprar en cantidades reduce el costo, lo que refuerza sus observaciones sobre la diferencia de precios.
La legisladora expresó su preocupación por el incumplimiento de la normativa regional y señaló que este proceso de fiscalización habría generado molestias en el Ejecutivo Regional. Según denunció, las legisladoras que participaron en el control recibieron mensajes de texto con la intención de intimidarlas.
Finalmente, Barrios cuestionó la conferencia de prensa ofrecida por funcionarios del Gobierno Regional, a quienes acusó de justificar decisiones arbitrarias y de respaldar las acciones del ejecutivo Ábrego, en un contexto que ahora está siendo analizado desde las perspectivas política y legal
