Las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz, anunciadas el 17 de diciembre, han generado diversas opiniones entre expertos, quienes coinciden en que si bien eran necesarias, su aplicación debió ser más gradual y equitativa, involucrando también al sector público en la carga del ajuste, en lugar de recaer principalmente sobre las familias de trabajadores y profesionales.
El economista Gonzalo Chávez destacó que el ajuste en los precios de los combustibles ha sido significativo. La gasolina experimentó un aumento del 86.1%, pasando de 3.74 a 6.96 bolivianos por litro, mientras que el diésel, fundamental para el transporte pesado y la agroindustria, se triplicó de precio, incrementándose un 163% de 3.72 a 9.80 bolivianos. Este encarecimiento anticipa un efecto en cadena que impactará en los costos de producción y, en consecuencia, en los precios de alimentos y productos básicos.
Esta realidad ya se refleja en la vida cotidiana, con transportistas que han duplicado sus tarifas y comerciantes que han incrementado los precios de alimentos en promedio un 50%. Para mitigar el impacto social, el gobierno implementó un esquema de compensaciones selectivas, incluyendo un aumento del 20% en el salario mínimo, que ahora es de 3.300 bolivianos, y elevaciones sustanciales en transferencias directas como la Renta Dignidad, que subió un 43%, y el bono Juancito Pinto, incrementado en un 50%.
Sin embargo, Chávez señala que estas medidas favorecen principalmente al sector formal de la economía, dejando fuera al 80% de la población activa que trabaja en la informalidad. Además, el aumento del salario mínimo podría ejercer presión adicional sobre las empresas privadas, muchas de las cuales enfrentan dificultades económicas, reducción de ventas y limitaciones financieras. Otro aspecto pendiente es la definición sobre las tarifas del transporte público, cuyo ajuste podría profundizar la inflación, mientras que mantenerlas congeladas afectaría la viabilidad de los transportistas.
El economista también critica que el gobierno no haya implementado ajustes más profundos en el gasto público, como la reducción de planillas salariales en el sector estatal o la eliminación de empresas públicas deficitarias, lo que habría permitido distribuir de manera más equitativa el costo del ajuste entre los sectores público y privado, evitando que recayera exclusivamente en los hogares.
Por su parte, Stasiek Czaplicki Cabezas expresó su preocupación por la falta de una red de protección social adecuada para acompañar estas medidas y advirtió que este podría ser solo el primero de varios incrementos en los precios de los combustibles, si no se logra estabilizar la tasa de cambio y frenar la pérdida de reservas internacionales. Además, alertó sobre el riesgo de que estas acciones desencadenen una espiral inflacionaria sin un respaldo fiscal o político sólido ni un horizonte claro.
Gonzalo Colque, otro economista, reconoció la inevitabilidad del ajuste, señalando que mantener las subvenciones con divisas escasas ya no era viable. Detalló que el incremento en los precios busca aumentar la recaudación en moneda nacional y reducir el gasto en dólares, además de desincentivar el contrabando y el consumo excesivo de combustibles. No obstante, advirtió que la medida, por su agresividad, podría provocar una inflación elevada que lleve a la población a refugiarse en el dólar, lo que aumentaría la demanda de divisas y presionaría al alza el tipo de cambio, encareciendo nuevamente las importaciones de combustibles y poniendo en riesgo la efectividad del ajuste.
En conclusión, aunque el ajuste era necesario, expertos coinciden en que su implementación podría generar efectos económicos adversos si no se acompaña de una estrategia integral que incluya medidas fiscales y sociales más equilibradas, así como un manejo cuidadoso de la política cambiaria para evitar una espiral inflacionaria que afecte aún más a la población
